En un documento político difundido, el radicalismo cuestiona seriamente al titular del organismo de control, Luis Zamora, porque reclamó que sea la actual composición legislativa la que designe a los reemplazantes de los vocales opositores cuyos mandatos vencen a fin de mes, lo que dejaría sin representantes a la UCR.
Por el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical, que preside el diputado nacional electo Julio Martínez.
En declaraciones formuladas a los medios de prensa, el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, contador Luis Zamora, devenido en “vocero de la impunidad”, deja en evidencia el “terror” del poder político frente a la posibilidad del efectivo control republicano sobre el orígen y destino de los fondos públicos. El planteo de Zamora es que los reemplazos de los vocales cuyos mandatos vencen a fin de agosto, Hipólito Mercado y Gabriel Martín, deben ser propuestos por los bloques minoritarios actuales de la Cámara de Diputados que son representados por Jorge Basso (Lealtad y Dignidad pero absorbido por el oficialismo bederista) y Joaquín Nieto (partido departamental ‘Arturo Illia’ de Arauco, socio político del intendente oficialista Gustavo Minuzzi).
Resulta inadmisible que el Presidente del Tribunal de Cuentas pretenda definir si le corresponde o no un lugar a la verdadera oposición, y mucho peor sugerir nombres de posibles candidatos, según se amolden al “perfil” que requiere el poder para mantener el sistema actual de statu quo.
Lo más llamativo, es que rara vez el Contador Zamora toma contacto con la ciudadanía. Solo se comunica con el SOBERANO por temas como el que nos ocupa; nunca lo hace para anunciar al pueblo de la Provincia que han descubierto alguno de los miles de desfalcos que sufre de sus funcionarios, o que ha asignado las responsabilidades que el caso merecería.
EL Contador Zamora dice que el mayor control no se hace porque haya radicales o del Frente con Todos. Debe saber el Señor Zamora, que menos se hace con vocales oficialistas provenientes de las cientos de vertientes que inventaron, para ser oficialistas y oposición a la vez; y cuya única preocupación es mantener incólume la impunidad.
El control sobre los actos de gobierno, misión fundamental que el pueblo le ha encomendado a la oposición representada por el FRENTE CÍVICO Y SOCIAL, no se limita al control “político”. Incluye también, inexcusablemente, el control técnico y de legalidad, a través de los órganos de rango constitucional, como el TRIBUNAL DE CUENTAS de la Provincia.
El señor Zamora habla de virtual acefalía, argumentando que el Tribunal de Cuentas no puede funcionar sin sus cinco miembros. Se olvida el señor Zamora, que el Superior Tribunal de Justicia hace mas de tres años que no cuenta con todos sus ministros. Se olvida también, que como consecuente operador en pro de la impunidad, impidió con los legisladores de la época que se integre el Dr.Gallardo como vocal del Tribunal que preside durante un largo periodo de tiempo, hasta que la dignidad, probidad e inteligencia propia de los hombres de su estatura renunciaran a la postulación de la que era largamente merecedor.
Se olvida también el Señor Zamora, que la Ley Organica del Poder Judicial que dispone las normas sobre acefalía, es aplicable al Tribunal de Cuentas de la Provincia.
El señor Presidente del Tribunal de Cuentas pretende consagrar una democracia sin oposición, integrar los órganos de la democracia en los que se escuche una sola voz, formar órganos de control integrados por “amigos”, consagrar su permanencia sin fin al frente del Tribunal.
La mas elemental norma ética indica que no debe opinar sobre quienes integrarán o no el Tribunal de Cuentas, por que no atañe a su función, y porque es resorte exclusivo del órgano volitivo del Estado, que como todos sabemos es consagrado por el imperio de la voluntad popular, que se expresa periódicamente conforme lo ordena la Constitución de la Provincia.
Resulta oportuno que, tanto Zamora como los demás representantes del status quo en la Provincia, tomen nota de lo que el Pueblo, verdadero soberano dueño del Poder, ha expresado recientemente en las urnas.
La UNIÓN CÍVICA RADICAL no aceptará condicionamiento alguno a su propuesta. De lo contrario, no avalará ni legitimará de ninguna manera la integración del máximo órgano de contralor constitucional.
Reclamamos una actitud de respeto a la República, al necesario CONTROL de legalidad sobre los actos de gobierno, y sobre todo, de respeto a la VOLUNTAD POPULAR expresada por el PUEBLO DE LA PROVINCIA el 28 de Junio pasado.
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