LAS IRREGULARIDADES DE FUNCIONARIOS RIOJANOS ANTE LA INDIFERENCIA DE LA JUSTICIA.

Son muchos los funcionarios que deberían refrescarse la memoria al leer este mandato constitucional que les advierte sobre la obligación insoslayable de demostrar cómo, cuándo y en que forma administró los dineros públicos que el Estado puso a su disposición para invertirlos en beneficio de la ciudadanía. Los ejemplos no son pocos en los últimos tiempos, pero como contrapartida, la sociedad no pudo conocer que efectivamente alguien haya reintegrado dinero malgastado o que los organismos pertinentes actuaran para castigar con todo el peso de la ley a aquellos responsables de millonarios desfalcos. Sólo el Tribunal de Cuentas de la Provincia parece estar preocupado en emitir fallos y más fallos a todas luces escandalosos por los montos sin rendición y los nombres que protagonizan esas vergonzosas irregularidades. Pero las atribuciones de este organismo llegan hasta el control de la legitimidad en la administración de los fondos públicos. Si de ese control surge su desaprobación, su facultad llega hasta procurar el resarcimiento del daño causado. Es el Poder Judicial quien decidirá si corresponde la pena de privación de la libertad cuando exista la comisión de ilícitos previstos en el Código Penal. De igual modo se informa a los Concejos Deliberantes de cada departamento para que procedan conforme a sus propias atribuciones, al Ejecutivo provincial y a la Cámara de Diputados. Por amiguismo, compromisos políticos, por inacción o por lo que fuere, hace mucho tiempo que algún funcionario sancionado por el Tribunal de Cuentas fue sometido a otra instancia superior como por ejemplo el embargo de sus bienes, la destitución o la prisión, si así correspondiera. La pregunta es: dónde están los jueces, los concejales, los diputados y lo más grave, el fiscal de Estado, que debería actuar de oficio ante el más mínimo daño al erario público. Casos emblemáticos como el agujero negro que dejó la actual diputada por Independencia, Camila Herrera o las irregularidades detectadas y denunciadas en Ángel Vicente Peñaloza, con las gestiones del matrimonio González-Luján, quedaron en la nada. Los memoriosos recordarán el caso de Roberto Brizuela que cuando fue intendente de Juan Facundo Quiroga, no pudo afrontar los cuestionamientos y por ende su mandato lo debió completar Vicente Romero. Más adelante terminaría siendo elegido como diputado provincial. Uno de los actuales mandatarios comunales con más problemas últimamente, pero no el único, es el chileciteño Lázaro Fonzalida. Aunque diga que su municipio no hace agua, sino que hace obras, esta semana que se inicia deberá enfrentar el inminente pedido de embargo de sus bienes, que formalizaría el Tribunal de Cuentas de la Provincia. El organismo habría rechazado un recurso de reconsideración que presentó el intendente, por considerarlo improcedente y sólo habría podido justificar unos 50 mil pesos de los 650 mil cuestionados. En sus argumentos, habría intentado deslindar responsabilidades en su ex secretario de Hacienda, Pablo Fernández Pugliese, pero fue rechazado de plano. A Fonzalida se le requiere que rinda cuentas sobre fondos otorgados por la Secretaría General y Legal de la Gobernación con destino al Plan de Forestación; ayudas a personas de escasos recursos; compra de cubiertas; compra de elementos musicales; Programa Productivo de la Provincia; reparación del Parque Automotor; y pago de honorarios. "La Perla del Oeste" fue noticia también esta semana por el llamativo robo de un maletín con 13 mil pesos, una chequera y talonarios de facturas de un vehículo oficial, que estaba a cargo de la Coordinación Ejecutiva Provincial. "Uno de mis secretarios", según declaró el propio titular del organismo Gastón Millicay, fue la víctima del hurto. El mote de llamativo no surge de la nada, sino que hay elementos dignos de analizar, como que el vehículo no fue violentado en ningún momento. Habría quedado sin seguro y el descuido fue aprovechado por el o los autores. Al día siguiente, en este matutino el propio Millicay declara que los responsables del dinero deberán reintegrar los montos por tratarse de plata del Estado. Cuestión absolutamente correcta. Pero después no queda claro cuando especifica que la chequera y las facturas fueron recuperadas, sin aclarar cómo se encontraron y quién las tenía. Del somero análisis discursivo se desprende también el exuberante manejo de fondos que esa área realiza porque señala en sus declaraciones que "por 13 mil pesos la gente de la Coordinación no se lo llevaría...". Sin embargo, es vox pópuli en Chilecito el cambio en el nivel de vida que estaría teniendo ese colaborador inmediato de Millicay. Sobran los interrogantes, pero faltan precisiones sobre el correcto manejo de los fondos que pertenecen ni más ni menos que a cada uno de los riojanos. A esto vale sumarle la designación del Defensor del Pueblo en ese departamento, que recayó en el abogado Pablo Michel, sindicado por un colega suyo como el patrocinante de quien vendió a un extranjero un pueblo entero en Vinchina, llamado Valle Hermoso. Otra es la situación de Juan Alberto Flores, intendente de Sanagasta. El Concejo Deliberante de ese departamento tiene en sus manos los cargos formulados por el Tribunal de Cuentas, cuyos montos sin rendir superan los siete millones de pesos, luego de la demanda penal presentada oportunamente. Todas las instancias administrativas se agotaron, pero en la semana que pasó, Flores se acercó al órgano de contralor a "pedir más tiempo" para presentar las rendiciones. Las autoridades lo tomaron con un mal chiste, pues se le dieron todas las posibilidades para que presente la documentación desde hace años. Pero de esa notificación ya pasaron dos semanas y los concejales aún siguen con el análisis de información, previo a actuar en el marco de la competencia que le atribuye la Constitución provincial y la ley Orgánica Municipal Transitoria. No son pocos los que piensan que cada día que pasa se diluye más la posibilidad que el intendente sanagasteño se siente en el banquillo de los acusados y enfrente un posible juicio político. Los argumentos para defender esta hipótesis, surgen a partir de las relaciones familiares y compromisos políticos que tendrían varios de los ediles con el intendente. Por ejemplo, el viceintendente llegó a ese cargo acompañando a Flores, amigo personal y colaborador en todas las gestiones. José Mercado, actual concejal de Sanagasta habría ocupado el cargo de Tesorero de la Municipalidad, casualmente en los periodos en los cuales el Tribunal de Cuentas objeta las rendiciones de cuentas. Mientras que el concejal Narvayes sería también sobrino de un ex tesorero de los periodos cuestionados y la edil María Eva Páez sería hija de una ex funcionaria de Alberto Flores, quién en la actualidad ocuparía un cargo en el Ministerio de Desarrollo Social. Hernán Gurgones, presidente del bloque "Por siempre Sanagasta", fue director de Rentas Municipal hasta que asumió su cargo como concejal. La concejal Liliana Aguilar llegó a ocupar su cargo merced al apoyo del intendente Flores y justamente la edil Paola Carrizo, titular del bloque "Frente del Pueblo", es familiar directo del jefe comunal. ¿Pesará más el compromiso con el pueblo de Sanagasta y el apego a la Constitución? ¿Los organismos competentes finalmente llegarán al fondo de las investigaciones y los castigos caiga quien caiga? Eso, todavía está por verse. Aún están a tiempo de cambiar la historia.