SON 133 MILLONES LOS QUE LLEGARON A LA PROVINCIA EN MARZO.

En estas Pascuas Néstor Kirchner miró la planilla con la misma ansiedad con que un niño desenvuelve un huevo de chocolate. El numerito lo colmó de felicidad: 23,5 por ciento. No se trata del supuesto repunte de su imagen en los sondeos de opinión, que millonarios encuestólogos estatales se apresuraron en acercarle. Es el aumento de la recaudación de marzo, cuyas cifras definitivas se conocerán el lunes y mostrarían sólo un leve ajuste –tal vez, un punto más– respecto del dato preliminar que tanto entusiasmó al ex presidente. La suba de la recaudación en marzo confirma que los ingresos fiscales se despegan este año (en enero, la mejora fue del 20,4% y en febrero del 20,2%) bien por arriba de la meta presupuestaria, que fijaba un alza del 16 por ciento. Así se achicaría parcialmente el agujero de financiamiento abierto en el Presupuesto 2010, mientras el gasto público crece a un ritmo superior al 30% anual. El salto de los ingresos fiscales en marzo se debe, en parte, a la reactivación del consumo. Pero también influye el “efecto precio”: la recaudación del IVA y de otros tributos engorda al ritmo de la inflación. Para La Rioja significó 132.709.900 pesos de coparticipación federal en marzo, de los cuales 97.368.800 pesos corresponden a fondos de libre disponibilidad; mientras que en el mismo mes del año pasado, fueron 102.304.900 pesos (77.935.100 pesos de libre disponibilidad). En los últimos meses, algunos colaboradores de Néstor escucharon –con preocupación– su peculiar versión respecto de las bondades de una inflación controlada en el manejo de los resortes de un Estado con las arcas repletas. Esa visión se construye sobre la fantasía de que, en un contexto de indexación generalizada, los salarios tienen chances de ganarles la carrera a los precios, y que para aquellos que no logran reconstituir poder adquisitivo en paritarias está la expansión del gasto público para asistirlos. No todos los asalariados registrados negocian sueldos en paritarias, ni qué decir de los trabajadores por cuenta propia (monotributistas y autónomos) registrados ante la AFIP. Pero aun ante el improbable supuesto de que todos los trabajadores en blanco consiguieran actualizar sus ingresos a la par de la inflación, seguramente quedarán rezagados más de 4 millones de trabajadores informales. Según el sitio inflaciónverdadera.com, que realiza una medición diaria de precios online en dos grandes supermercados, a los valores del miércoles, el aumento de precios de alimentos y bebidas en el último año fue de 34,2%. De acuerdo con la consultora Economía & Regiones, la canasta básica de alimentos se encareció en marzo 5,4% y acumula un alza del 36,7% entre marzo último e igual mes de 2009. ¿Los 5 millones de jubilados podrán ganarle este año la carrera a la inflación? ¿Bastará con ajustar el subsidio universal a la niñez (¿30%?) para compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores en negro? ¿Qué sucederá con los empleados públicos nacionales, para quienes desde los despachos oficiales se ofrece un aumento del 8% en junio y otro 7% en agosto? ¿Y con los empleados provinciales, con menos espacio de negociación? Convalidar un régimen de alta inflación es equivalente a un ajuste con alto costo social. Aunque no se anuncie, con el impuesto inflacionario, el Estado es socio minoritario de los empresarios en la aspiradora de ingresos de los bolsillos de los trabajadores. Pero difícilmente llegue a tiempo para compensar esa pérdida de poder adquisitivo salarial mediante un mayor gasto social. Al contrario, la inflación también fortalece la caja fiscal al licuar el gasto público en general, salarios públicos, jubilaciones y políticas sociales en particular. A menos que la indexación de esos programas sociales sea mensual, el aumento nominal de esas transferencias varios meses después sólo será un paliativo en el inexorable proceso de pérdida del poder adquisitivo de los sectores más pobres.