DETECTAN QUE EL ESTADO PAGA TELÉFONOS QUE NO SON OFICIALES.

Los flamantes funcionarios designados por Luis Beder Herrera para oxigenar su gabinete, Felipe Álvarez y Juan José Luna, han advertido a poco de cumplir un mes en sus cargos, varias situaciones de irregularidades. Entre ellas, las facturas de teléfonos que paga el Gobierno y que en la mayoría de los casos no se sabe quiénes son sus poseedores. Otra de las misiones en las que se encuentran el ministro de Gobierno y el secretario de la Gobernación -con la anuencia de Beder Herrera- es la exhaustiva revisión de los contratados, becas y tutorías y su correlato con la prestación de servicios. En muchos casos no hay efectivo cumplimiento de tareas pero perciben importantes sumas; en detrimento de otros pocos que asisten a trabajar por la mitad de lo que cobran los que son privilegiados. El objetivo sería terminar con estas desigualdades, cortando a aquellos contratados, becados y demás planes que son fantasmas en pos de poder mejorar la situación de los que van a trabajar y que en muchos casos perciben 600 pesos. Asimismo se reducirá la estructura del Ministerio de Gobierno, Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, que incluye la desaparición de la Secretaría de Seguridad y la jerarquización de Trabajo. La Secretaría de Seguridad, área que está acéfala desde la llegada de Beder Herrera en 2007, en la etapa de transición sería eliminada de la estructura dado que la Policía provincial tiene dependencia directa del ministro. Actualmente, el organigrama está integrado por tres secretarías, la de Seguridad, Gobierno y Justicia y la de Derechos Humanos. Al eliminarse Seguridad, quedan dos de las actuales con rango de secretaría y estarían ratificados en sus cargos Graciela Nader y Domingo Bordón. La novedad es que el Patronato de Liberados que funciona bajo la órbita de Gobierno y Justicia pasará a depender de Derechos Humanos, secretaria que pasará de contar con 3 direcciones a una sola. La Subsecretaría de Trabajo que encabeza desde hace varios años Nicolás Maza, llevando con diligencia y gestión el área, sería jerarquizada a secretaría con dependencia directa del ministro. La subsecretaría de Gestión Comunitaria seguiría funcionando como tal, pero habría una readecuación -incluyendo unificaciones y modificaciones- de coordinaciones, direcciones y programas. La intención es reducir el organigrama, achicar la estructura y que todos los empleados, que en algunos casos serán relocalizados, tengan una tarea para realizar. El nuevo ministro de Gobierno, Felipe Álvarez que asumió el 13 de agosto último, realizó el primer cambio al ubicar en la Dirección de Administración al joven contador Diego Páez en reemplazo de Selva Casas. El funcionario en quien el gobernador Beder Herrera depositó su confianza para encabezar la cartera política está ultimando los detalles finales del nuevo organigrama estructural del Ministerio a su cargo. Precisamente, al asumir había anunciado que se iba a abocar a realizar una revisión general y a ordenar la cartera. Fuentes oficiales, dejaron trascender el desorden administrativo con el que se encontró Álvarez en el Ministerio de Gobierno y que data de hace varios años, abarcando varias gestiones de funcionarios que pasaron por el área. Esta tarea de ordenar, le estaría demandando mayor tiempo del que había previsto inicialmente. El desorden incluye lo administrativo, los despachos y más delicada aún es la situación de los sumarios que se encuentran paralizados desde hace unos 6 años en los cajones de los escritorios. "Hay casos de gente sumariada, que lleva años de iniciado el trámite y que no tienen una definición" dijeron desde la Casa de las Tejas y además dejaron entrever que "no tienen definida su situación, pero mientras tanto siguen cobrando" y aseguran que se le va a dar un corte definitivo a esa situación, resolviendo todos los casos de sumarios que están frenados.