MENDOZA ANUNCIARIA UN ACUERDO POR LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL.

Finalmente el acuerdo entre Mendoza y la Nación por la Promoción Industrial será oficializado la semana que viene por el gobernador Celso Jaque. Así lo informaron este viernes el secretario General de la Gobernación, Alejandro Cazabán, y el ministro de Producción, Raúl Mercau, en una conferencia de prensa en Casa de Gobierno. Es que tras el anuncio de Los Andesde que Mendoza frenó la acción judicial que pedía la inconstitucionalidad del decreto 699, que prorroga el plan de beneficios impositivos para San Juan, La Rioja, San Luis y Catamarca, el Ejecutivo provincial salió aclarar que todavía están negociando y limando los detalles del acuerdo. "Nos encontramos trabajando en el establecimiento de un sistema de beneficios para la provincia que proteja las inversiones locales y evite el impacto de la promoción en provincias vecinas a productos sensibles de nuestra economía", afirmo Cazabán al leer el comunicado. El secretario de la Gobernación de Mendoza agregó que cuando esté el acuerdo pasará a la Legislatura para su ratificación. Hasta el momento, el esperado anuncio se prolonga y sólo se sabe que, en principio, beneficiaría 7 departamentos. Mientras Cazabán y Mercau daban escuetos detalles del arreglo, Jaque estaba en la plaza Chile, participando en los festejos por el Bicentenario de ese país. El malargüino evitó dar información a la prensa respecto al incipiente acuerdo. En medio de las negociaciones entre La Rioja y San Juan con Mendoza, por la promoción industrial, el Gobierno mendocino presentó un escrito en la Suprema Corte de Justicia de La Nación, con el que busca dejar sin efecto el planteo anterior sobre la inconstitucionalidad del decreto nacional 699 que extendió por 15 años la promoción industrial para San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca. De igual forma los medios mendocinos, que difundieron la información, no precisaron detalles del escrito y si apunta a levantar la demanda inicial o a suspenderla para lograr tiempo y seguir negociando. Según Diario Los Andes, de Mendoza, el martes al mediodía, el fiscal de Estado de Mendoza, Joaquín De Rosas, y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini radicaron, en la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte Suprema nacional, un escrito que se anexó a la causa por la cual Mendoza demandó al Estado nacional a raíz del decreto 699/10 de la presidenta Cristina Fernández, que prorrogó la promoción industrial hasta 2027 en las provincias vecinas. Pero en Buenos Aires todas las fuentes consultadas, tanto judiciales como políticas, dieron por sentado que la presentación de la Provincia de Mendoza es un pedido a la Corte (que ya está en condiciones de abocarse al estudio del tema porque el procurador Esteban Righi entendió que tiene competencia) para que desestime la causa contra la Nación. En primer lugar, porque ésta es la exigencia que la Nación fijó a todas las provincias que mantienen pleitos contra la administración federal para que éstas puedan acceder al Programa de Desendeudamiento, que Jaque rubricó con Cristina el 26 de agosto. Por el mismo, Mendoza accederá a una rebaja de la deuda de 424 millones de pesos y una reprogramación del saldo -2.458 millones de pesos- a 20 años, con un año y medio de gracia. Pero a pesar de que el Gobernador y la Presidenta firmaron el convenio, éste quedó supeditado a que en 90 días la Provincia retire de la Corte su demanda contra la extendida promoción industrial. Además, las fuentes políticas agregaron otro elemento: la Presidenta tiene en su despacho un nuevo decreto por el cual se incorporará a siete departamentos mendocinos al régimen de promoción que tienen San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. Éste es el principal acuerdo que hay entre las provincias de la región y Mendoza, producto de una ardua negociación, tutelada por la Casa Rosada, para hallar una salida al conflicto que desató el decreto 699. "Hasta que Mendoza no levante su demanda ante la Nación, Cristina no firmará nada", explicó un vocero del Gobierno nacional que agregó que el secretario Legal y Técnico, Carlos Zannini, la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa, son los autores del texto que está a la firma de Cristina Fernández.