Para De Leonardi, el presunto desvío radica en que los fondos eran para remodelar una escuela con fines educativos para docentes y niños. Y en cambio, "el gobierno los usó para construir un shopping que pretende disfrazar de paseo cultural". El caso quedó en manos del juez federal Daniel Herrera Piedrabuena. Y el gremialista pide que se determine el grado de responsabilidad que pudieron tener en el presunto delito funcionarios nacionales y provinciales a determinar. Según el denunciante, la Nación, a través del funcionario Abel Fatala, firmó un convenio con la provincia, representada por el gobernador Luis Beder Herrera, para la transferencia de 40 millones de pesos, en 2009, con el fin de remodelar la ex escuela. De Leonardi cree que hubo "incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos". Y apunta a la arquitecta Valeria Soriano, responsable de la obra porque es funcionaria del Ejecutivo, ya que advirtió que la empresa que hizo la remodelación y convirtió a la escuela en el paseo cultural es propiedad de su marido, un arquitecto de apellido Guell. Según De Leonardi, la empresa se llama G y S, en alusión a los apellidos Soriano y Guell, la funcionaria y el constructor que obtuvo la obra a través de un concurso de precios administrado por el gobierno, que también pide investigar.
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