sábado, 3 de marzo de 2012

EL INV Y LAS PROVINCIAS PRODUCTORAS BUSCAN ACORDAR POLITICAS.

El presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Guillermo García, presentó públicamente el proyecto de modificación de la ley 14.878, que apunta a la mejora de calidad de los vinos argentinos. Lo hizo en el marco de la cumbre de ministros provinciales que tuvo lugar el viernes en el Espacio Contemporáneo de Arte de la ciudad de Mendoza. Participaron de la reunión representantes de los ministerios de las siete provincias vitivinícolas del país. Hubo presencia, además, del Gobierno nacional, del INV, de Mendoza Fiduciaria y de Cuyo Aval. La modificación de la Ley de Vinos que propone el Instituto Nacional de Vitivinicultura, está basada en cinco ejes fundamentales: limitar normativamente el crecimiento de viñedos con aspirant, implementar el Censo Nacional de Viñedos cada 10 años; incrementar los valores de multas que aplica el INV; agregar un capítulo tendiente a ordenar el control y la fiscalización de la sidra y actualizar la norma manteniendo la estructura general vigente. El primero de los puntos mencionados es tal vez el más preocupante para el Instituto, dada la dificultad que exige la reversión de la situación. Según los resultados que arrojó el Registro Nacional de Viñedos 2010/2011, el Aspirant Bouchet creció 2.719,3% en el período comprendido entre 2000 y 2011.Se produjo un total de 1.810.978 kilogramos de esta cepa en el primer año de referencia y se llegó a 25.690.655 kilogramos cuando fue hecho el censo. Desde el INV justifican la decisión de limitar el crecimiento de aspirant, explicando que los volúmenes existentes cubren las necesidades técnicas de su uso y el exceso de ésta puede producir una distorsión en el mercado. La intención del INV en su propuesta de ordenar el control de la sidra, es que se le otorgue el poder de policía de la actividad, en razón de que su estructura y vínculo con la economía regional es similar a la vitivinicultura. La modificación de la ley prevé la definición del producto, la obligación de contar con la certificación pertinente de aptitud y limitaciones en lo referido a importaciones. Además, asigna al Instituto Nacional de Vitivinicultura facultades sancionatorias pudiendo, por vía reglamentaria, establecer multas y clausura. Con el objetivo de trabajar en políticas estratégicas de acción para el sector vitivinícola, las siete provincias productoras de vino de Argentina iniciaron un debate que promete desarrollarse cada cuatro meses en diferentes sedes. En esta primera reunión, se presentaron herramientas financieras para las provincias que son clave para el desarrollo vitivinícola. El encuentro se llevó a cabo en el Espacio Contemporáneo de Arte de Mendoza. Fue anfitrión y representó a la provincia el ministro de Agroindustria y Tecnología de Mendoza, José Luis Álvarez. Lo acompañaron Marcelo Alós, ministro de Producción de San Juan; Jorge Salomón, secretario de Ganadería, a cargo de Agricultura de La Rioja; Ángel Mercado, ministro de Producción y Desarrollo de Catamarca; Alfredo De Angelis, ministro de Ambiente y Producción de Salta; Juan Manuel Pichetto, ministro de Producción de Río Negro, y Javier Van Houtee, subsecretario de Desarrollo Económico de Neuquén. Por el gobierno nacional asistieron Carla Campos Bilbao, secretaria de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; Luciano Di Tella, subsecretario de Desarrollo de Economías Regionales de la Nación, y Juan Maceira, director nacional de Programas de Desarrollo Regional. Además, estuvieron presentes Guillermo García, titular del INV, y representantes de Mendoza Fiduciaria y Cuyo Aval. Una vez finalizado el acto, los ministros participaron de la degustación "7 Vendimias", en la plaza San Martín.

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