A la Casa de La Rioja en Buenos Aires llegaron el jueves la gobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci y los mandatarios de San Juan, José Luis Gioja; de San Luis, Claudio Poggi y el riojano Beder Herrera que hizo las veces de anfitrión. Del encuentro también participó el diputado nacional Jorge Yoma. Los ejecutivos de las provincias "promocionadas" se sentaron a dialogar y analizar los temas comunes y como resultado de la reunión que fue calificada como positiva, surgió el acuerdo de trabajar en estrategias conjuntas y accionar como bloque en dos temas que en lo inmediato desvelan a los mandatarios: la continuidad de la promoción industrial y la reexpresión de los bonos y el freno a la embestida de la AFIP de ejecutar a las empresas industriales por los créditos fiscales. En primera instancia, se acordó que San Juan, San Luis y Catamarca imiten la presentación ante la Corte Suprema de Justicia que ya formuló La Rioja el año pasado solicitando la reexpresión de los bonos de crédito fiscal por parte de la AFIP. De esta forma, las otras tres provincias repetirán la acción realizada por La Rioja ante el máximo órgano judicial del país. Como segundo aspecto consensuado, es la solicitud de un pedido de audiencia con el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) Ricardo Echegaray y con funcionarios del Ministerio de Economía a fin de evaluar las distintas alternativas posibles que solucionen para las cuatro provincias el conflicto existente respecto a los bonos. En este sentido, los mandatarios entre las opciones analizadas señalaron el antecedente que data del 2006 en la presidencia de Néstor Kirchner cuando por decreto se autorizó la continuidad de diferimientos económicos a empresas del rubro agrícola. De ese modo, teniendo dicho antecedente propondrán que se puede replicar sobre las empresas que ya utilizaron los bonos de crédito fiscal. La otra alternativa que se analizó es que se mantengan a valores constantes el costo fiscal asignado al momento de recibir los beneficios y que sean calculados a valores constantes. De concretar un acuerdo, cualquiera sea la alternativa que prospere, se hará la presentación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que homologue el acuerdo y quede firme. Los mandatarios coincidieron en la expectativa por la resolución sobre el decreto 699/2010 que da continuidad a la Promoción Industrial en las provincias de San Juan, San Luis, Catamarca y La Rioja. La cuestión está en la instancia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y esperan con mucha expectativa una resolución favorable que permita destrabar la situación y dar continuidad a los beneficios que señala el decreto presidencial. El Diario Uno de Mendoza encendió la alarma y, aunque finalmente resultó una información errónea, fue un claro síntoma de la preocupación que tiene la provincia vecina por lo que va a fallar la Corte Suprema de Justicia respecto de la medida cautelar que tiene en suspenso el decreto 699/2010, por el cual la Nación prorroga por 15 años los beneficios de la promoción industrial para San Luis, San Juan, Catamarca y La Rioja.El periódico tituló: "La demanda de Mendoza por la Promoción Industrial pierde tres a cero en la Corte". En su interior, afirmaba que tres jueces ya habían fallado a favor de las provincias promocionadas, Eugenio Zaffaroni, Carmen Argibay y, recientemente, Ricardo Lorenzetti, el titular del máximo tribunal. Incluso daba las fechas en las que cada supremo había decidido publicar su opinión. Para Eduardo Allende, fiscal de Estado de San Luis, eso es imposible. "En la Corte todo es súper secreto, hay una discreción total sobre los fallos que va a emitir. Es cierto que cada expediente que entra, se sortea el orden en el que lo van a leer los magistrados, pero nada sale de ahí adentro, son puras especulaciones", aseguró el funcionario puntano. De todas maneras, en el ámbito judicial se viene comentando que la definición está cerca y que sería en contra de la pretensión de Mendoza de frenar la promoción industrial para sus vecinas. "Es todo off the récord, en los pasillos se puede comentar que el fallo puede ir para un lado o el otro, pero es apresurado decirlo ahora. El expediente va pasando por los despachos de acuerdo al orden del sorteo, los jueces lo van leyendo y preparando un dictamen. Cuando hay mayoría, se reúnen en lo que se conoce como Acuerdo, que casi siempre es los martes. Allí recién sale un fallo conjunto, que puede tener disidencias. Pero no hay votos adelantados ni particulares", descartó Allende. Además de los tres magistrados apuntados por el Diario Uno, el expediente ya pasó por las manos de Enrique Petracchi y Juan Carlos Maqueda. Aún falta que lo sometan a estudio los otros dos jueces de la Corte, Elena Highton de Nolasco y Carlos Fayt. Recién en ese momento la Corte estaría en condiciones de fallar. Aventurar un plazo también es una misión imposible. "La Corte Suprema no tiene tiempos, los manejan ellos. Puede ser un mes o un año", dijo el fiscal de Estado. Las mismas voces que apuestan a una victoria de San Luis y el resto de las provincias promocionadas, porque así lo indica la jurisprudencia que sigue la Corte, hablan de uno o dos meses más para saber el fallo definitivo. "Va a ser sencillo, o mantiene la cautelar como pide Mendoza o la deja sin efecto, lo que automáticamente pondría en vigencia el decreto 699/2010 y la Promoción Industrial volvería a regir hasta 2027", cerró Allende. La medida cautelar la interpuso la Cámara de Comercio de San Rafael, temerosa de que la Promoción Industrial de las provincias vecinas atente contra el desarrollo del sur mendocino. Si la Corte rechaza el recurso extraordinario, quedaría firme el fallo de la Cámara Federal de Mendoza, que argumentó que un grupo de empresarios no tiene legitimidad para demandar a la Nación y que, además, la promoción industrial no trajo perjuicios para Mendoza. En vista de lo complicada que es la situación, Pablo Asens, presidente de la Cámara de Comercio, ya salió a pedirle una "solución política" a Francisco Pérez, el gobernador mendocino.
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