sábado, 20 de octubre de 2012

"NO HAY ARGUMENTO LEGAL ALGUNO, PARA INTERVENIR EL MUNICIPIO DE FAMATINA".

La abogada penalista Graciela Zalazar, detalló que no existe ningún argumento legal como para promover una intervención de parte de la administración de Beder Herrera en la función ejecutiva del municipio famatinense. Solo un conflicto entre el Concejo Deliberante y el Ejecutivo municipal, puede promover este tipo de acción. El procedimiento de intervención al municipio de Famatina no tiene argumento, sustento, o basamento, para que a través de actos de violencia, como el querer copar el palacio municipal, con la acción de grupos violentos, vaya a crear un clima de caos social que promueva una intervención de parte del gobierno provincial. “Cuando hay una situación de conflicto que no se puede resolver de conflictividad en las instituciones, puede ameritar una intervención”, sostuvo Zalazar. Por lo tanto, si hacemos una relación con el texto jurídico que especifica la abogada, no se puede intervenir habida cuenta que la relación Ejecutivo y Concejo de Famatina, no esta rota. De hecho la partida del viceintendente Herrera y la llegada de María José Mercado a la presidencia del concejo, marcan una aceitad relación entre ambas instituciones. La letrada, a modo de reflexión, dijo no entender la pretensión de este grupo de antiminero, lo consideró sin rédito político. Agregando que si las personas ya tienen una postura adoptada, no hay forma de cambiarles la idea, “no entiendo cual puede ser el rédito político”, sostuvo. Recordó que la única vez, que recuerda, es una intervención que se dio hace veinte años atrás en el departamento de Chamical, cuando un conflicto entre el concejo deliberante y el intendente, de esa época, promovió la intervención de la comuna, en ese entonces, el actual diputado nacional Jorge Yoma, era ministro de Gobierno. Consultada si la acción violenta de toma del Palacio municipal famatinense puede considerarse como un delito, dijo que sí, es un delito. “es un ilícito. Nosotros porque no estemos de acuerdo con el gobernador, el intendente o la presidente, no podemos ir a tomar el Palacio municipal, o la Casa de Gobierno. Es un ilícito, nosotros como ciudadanos tenemos derecho a reclamar, derecho a peticionar y derecho a ejercer el voto cuando sea su momento, o sea una serie de acciones, pero no nos da derecho a ir a sacar por la fuerza, por medios violentos, a autoridades legítimamente constituidas”. Bordagaray había denunciado que el gobierno de la provincia estaba analizando intervenir el municipio, por ello arengó al grupo de antiminero a realizar una vigilia constante en las instalaciones del edificio municipal para evitar así que funcionarios Bederistas ingresaran por la fuerza y se hicieran cargo de su despacho. Finalmente la abogada manifestó su pensamiento, siempre ajustado a Derecho, diciendo; “no podemos ocasionar un mal mayor para tratar de imponer nuestra postura, eso no es democrático, no es civilizado, y nos habla de una impotencia terrible”. Lo inentendible es de donde argumentó el intendente que el gobierno de la provincia o pseudos grupos de choque querrían tomar “por la fuerza”, las instalaciones del edificio comunal, por mas de una semana sus 60 seguidores realizaron una constante vigilia y desde la radio municipal que conduce Walter Álvarez, llamaban a la gente a “prepararse”, porque la lucha anti minera estaba por desencadenarse.

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