miércoles, 14 de noviembre de 2012

AHORA BRIZUELA Y DORIA RECHAZÓ LA SUSPENSIÓN DE COBERTURAS PARA DISCAPACITADOS.

Con un proyecto presentado en Diputados, planteó la preocupación por la resolución que había eliminado coberturas con fondos de obras sociales, y redujo monto de reintegros. “Esto va en contra de la justicia social y la igualdad”, denunció. Luego del fuerte reclamo de ONG y varias familias afectadas, la diputada Inés Brizuela y Doria presentó junto a su bloque un proyecto que expresa preocupación y rechazo por la resolución de Superintendencia de Servicios de Salud. La disposición, que lleva el número 1200/12, desconocía desde el 3 de octubre las prestaciones estipuladas en la Ley 24.901, de Discapacidad, con lo cual se dejaba sin cobertura a las personas contempladas en la misma. “Es inaudito lo que hizo el Gobierno, afectando a las familias más vulnerables que no cuentan con los recursos para solventar tratamiento de alta complejidad”, denunció la legisladora. Consideró que esta medida es un gran retroceso en el rol de protección y respeto por las personas discapacitadas. “Es otra contradicción más del relato oficial, la única verdad es la realidad, dijo Juan Domingo Perón, y la realidad está matando al relato”, sentenció. En la fundamentación del proyecto se explica que hasta ahora, todas estas prestaciones eran cubiertas por las obras sociales, quienes a su vez recibían el reintegro del Estado, mediante la Administración de Programas Especiales (APE). Esto posibilitaba que las personas con discapacidad, independientemente de sus recursos económicos, puedan acceder a prestaciones acordes a sus necesidades específicas La Resolución 1200 transformó APE en el Sistema Único de Reintegros (SUR), y este no prevé prestaciones como integración escolar. Según el nuevo Sistema se reducirán los valores de cobertura hasta un 50%, en cuyo caso tales diferencias deberán ser soportadas por los padres. Los fundamentos advierten que tampoco contempla prestaciones de suma importancia, que antes reintegraba la APE a las obras sociales, como los maestros integradores para niños con discapacidad, algunas prótesis, el transporte para ir al colegio o al hospital, y tratamientos de rehabilitación. A pesar de que el Poder Ejecutivo, luego de una gran movilización frente a las oficinas de PAMI semanas atrás, “inmediatamente suspendió la resolución hasta el 30 de noviembre de 2012, muchas obras sociales dejaron de brindar prestaciones a niños y niñas con discapacidad, sobre todo en el área de educación y transporte”, explica el proyecto. “Nos preocupa qué pasará luego del 30 de noviembre, ya que hasta ese fecha estará suspendida la resolución, pero después volverá a estar en vigencia esta nefasta medida”, advirtió. Recordó que “nuestro país fue pionero en el mundo, en el reconocimiento de los derechos de las personas con disparidad con la ley 24.901, adecuando todo el sistema de prestaciones y servicios de atención integral, “entendiendo la necesidad imperiosa de equiparar posibilidades de acceso a la política pública, y con esta medida van en contra de la justicia social y la igualdad”.

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