Esos cargos los ocupan hoy Juan José Mussi, Daniel Cameron y Jorge Mayoral. Al frente del organismo colocarían a un ex secretario de Energía de Santa Cruz. En el Gobierno nacional aseguran que la idea de crear el ministerio fue de la jefa de Estado y que el operativo logístico lo estaría llevando adelante el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien habría tenido varias reuniones para tratar este tema con los funcionarios. El Gobierno nacional sigue con la idea de armar un ministerio que fusione las secretarías de Medio Ambiente, Energía y Minería, en un momento de plena discusión por el futuro de YPF. Esos cargos los ocupan hoy Juan José Mussi, Daniel Cameron y Jorge Mayoral. Al frente del organismo colocarían a un ex secretario de Energía de Santa Cruz, de la famosa pingüinera, aunque todavía no trascendió el nombre. Un eventual ministerio podría controlar el nuevo programa de energía que alienta el Gobierno nacional, con una iniciativa para regular la producción de las petroleras que actúan en el país. Es posible que el anuncio se haga esta semana, aunque Cristina Kirchner siempre se reserva esta información para generar un efecto sorpresa. En el Gobierno aseguran que la idea de crear el ministerio fue de la jefa de Estado y que el operativo logístico lo estaría llevando adelante el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, quien habría tenido varias reuniones para tratar este tema con los funcionarios. No se sabe qué será del destino de los tres secretarios, pero hay varios que especulan con que al menos Jorge Mayoral se iría del cargo a fin de mes, tras la concreción del anuncio. Hay fuentes que aseguran que le habrían ofrecido la Embajada de Colombia (lugar que rechazó) y la de Guatemala. Dicen que la relación de Daniel Cameron con CFK tampoco atraviesa un buen momento. Según el periódico Perfil, los gobernadores de las provincias petroleras esperan que el próximo jueves la presidenta Cristina Kirchner anuncie el comienzo del desenlace de su embestida contra YPF. Y si no hay anuncio, aumentarán las presiones para que la Nación se defina. Es que desde hace dos meses aceptaron formar la primera línea de batalla a cambio del pase para sentarse en la mesa de decisiones de la principal compañía de la Argentina. Ahora temen que la Nación no cumpla y les preocupa que a días del anuncio que esperan no cuenten con información en torno al desenlace de la avanzada, tampoco les dan seguridad de cumplir con la fecha, y las consecuencias judiciales que podrían sufrir por la reversión de las áreas de la compañía está en manos de la Corte. “YPF espera un resultado favorable del recurso de amparo por ‘discriminación arbitraria’ presentado en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. No se habrían dirigido al máximo tribunal sin antes sondear la viabilidad del pedido”, indicaron fuentes no oficiales de la empresa. En la Ofephi –que reúne a los estados productores de hidrocarburos– se profundizan las diferencias. Martín Buzzi, mandatario de Chubut, sigue adelante con la estrategia de desvalorizar a YPF y prepara para el martes el lanzamiento de la licitación de las áreas que ya le fueron removidas, aunque la reversión fue impugnada en la Justicia. Pero Jorge Sapag, de Neuquén, el otro gran referente de la organización, trazó una estrategia distinta. Avanzó sobre las concesiones de Petrobras y Tecpetrol, de Techint, para cubrirse en el terreno judicial y presionar al Gobierno para que defina la embestida a YPF. El jueves 12 esperan que la Presidenta anuncie un proyecto de ley para declarar de “interés público” la producción de hidrocarburos y preparar el terreno para tomar control de YPF, los gobernadores no saben los detalles del proyecto que incluiría la creación de una agencia federal que regulará las inversiones en el sector. “Acarreamos las posibles consecuencias legales de haber rescindido las concesiones y sufrimos los costos de la indefinición de Nación, y a pesar de eso el Gobierno sigue sin explicar cuál es la estrategia a seguir”, se quejaron en Neuquén. En Chubut, junto con Santa Cruz los distritos más alineados con la Casa Rosada, no son acríticos. “Queremos saber qué rol tendrán las provincias. No nos contentamos con tener directores. Queremos que YPF se regionalice y las provincias tengamos poder de decisión real”, enfatizó un funcionario que responde a Buzzi. Y en Mendoza están preocupados porque la reversión de dos áreas de la petrolera podría generar la pérdida de un crédito de US$ 102 millones del Banco Credit Swiss, que estaba asegurado contra la estabilidad de los yacimientos de YPF. El proyecto de ley que declararía de “interés público” la industria les quitaría a las provincias poder de negociación con las empresas: dejaría para la Nación la potestad de intervenir en el mercado de combustibles fijando precios y direccionando el despacho. “Cuando, en febrero, se elevó el perfil político de la Ofephi para avanzar contra YPF, los gobernadores se ilusionaron con ingresar a la petrolera una vez reestatizada. El Gobierno alentó esa ambición. Ahora los mandatarios temen quedarse sin nada”, advirtió un funcionario santacruceño. Los gobernadores están apurados. Si no se aclara el panorama del sector, están en la primera línea de fuego de las protestas que vendrán con la caída de la actividad en exploración, que afecta a todas las provincias.
