DOCUMENTACION PROBATORIA DE LA REPRESION MILITAR FUERON ENCOTRADAS EN EL SERVICIO PENITENCIARIO PROVINCIAL

Documentos escritos que prueban la detención ilegal de presos políticos durante la represión militar de la década del 70, fueron hallados este jueves en un depósito situado dentro de las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial, donde funciona la cárcel local. El ministro de Gobierno y Derechos Humanos, Lázaro Fonzalida, dijo que la documentación "será fotocopiada y puesta a disposición de la justicia federal, porque estos crímenes de lesa humanidad deben ser investigados hasta las últimas consecuencias y las causas no deben prescribir". Según precisó, se trata de "cuadernos y carpetas donde se registra el ingreso a la cárcel de presos por razones políticas durante los años 1974, 1975 e incluso uno de ellos fue iniciado exactamente el 24 de marzo de 1976, fecha del golpe de Estado". La documentación estaba escondida en un depósito dentro de un pabellón y fue encontrada durante una inspección de rutina, aunque el ministro advirtió que el gobierno recibió información previa sobre la posible existencia de ese material ahora secuestrado. El procedimiento de requisa de la documentación fue fiscalizado por el gobernador interino Luis Beder Herrera y participaron, además de Fonzalida, el fiscal de Estado Gastón Mercado Luna y el subsecretario de Derechos Humanos, Domingo Bordón. Según explicó el ministro, "en principio los documentos permiten constatar anotaciones sobre presos golpeados, médicos que los han atendido y oficiales de las fuerzas Armadas y de Seguridad que tenían a cargo las custodias". "Son datos que sirven como registro y prueba para avanzar en la investigación de estos hechos", explicó el funcionario, quien adelantó que entre los "mencionados" en la documentación hallada se encuentran un oficial de apellido Britos -de la Gendarmería Nacional- y el ex jefe del Regimiento local, de apellido Malagamba. Y entre los presos políticos ingresados al penal aparecen dirigentes justicialistas como Hugo Vergara, Carlos Illanes y Henry Sánchez, quienes luego lograron recuperar la libertad. El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, y el subsecretario de Derechos Humanos, Domingo Bordón, son quienes están a cargo del proceso de recopilación y ordenamiento de la documentación para fotocopiar y enviar a la justicia federal, explicó Fonzalida finalmente.