HACE UN AÑO EL EX GOBERNADOR MAZA DEJABA EL PODER EN LA PROVINCIA.
Un día como hoy, hace un año atrás, se empezaba a escribir una nueva historia en la política de La Rioja, con la suspensión de un gobernador, la toma de las instituciones públicas, y la asunción de quien nueve meses más tarde ejercería la gobernación tras ser electo por el pueblo. El 13 de marzo del 2007, la Sala Acusadora de Juicio Político determinó suspender en sus funciones al entonces gobernador Angel Maza, y al fiscal de Estado Alfredo Pedrali por la causa de transferencia de tierras del Estado, y a partir de allí la historia daría un giro de 360 grados que no tendría retorno para quien gobernó la Provincia durante casi 12 años. En un último intento por evitar que la Sala Acusadora lo suspendiera, Angel Maza irrumpió sorpresivamente en la sesión donde se definía su futuro, para solicitar una oportunidad que le permitiera defenderse, aunque de allí en adelante todo fue en vano.
Ese martes 13, que según los supersticiosos es día de “mala suerte”, quedará escrito en las páginas de la política riojana como una jornada negra, no sólo para Maza y su séquito, sino para el pueblo y las instituciones democráticas que fueron ultrajadas, sin respeto alguno por el sistema que nos gobierna. Durante esa jornada, y al día siguiente, en La Rioja se vivieron momentos de extrema tensión y violencia, que tuvieron como principal causa la resistencia de un Angel Maza por esas horas desesperado, que luego de ser notificado de la suspensión decidió atrincherarse en el sillón de Casa de Gobierno, que aún consideraba legítimo de ocupar. Rumores de intervención federal, un minúsculo pero tajante apoyo al mandatario suspendido, decretos dictados por el propio Maza desconociendo la medida dispuesta por la Legislatura, y la mirada de todo un país puesta en La Rioja, eran los componentes de una pavorosa postal provincial por ese entonces. Cuando el gobernador Maza ya había sido suspendido en sus funciones, tal como lo establece la ley de Juicio Político, se dio paso a otro capítulo de esta historia, en la que las circunstancias pusieron a la Casa de Gobierno como escenario de lo que sería “la resistencia”.
Cordones de la Policía provincial, que con escudos y armas custodiaban las veredas de la Casa de las Tejas, y un pequeño grupo de manifestantes mazistas, eran el símbolo de la crisis institucional que atravesaba La Rioja, durante una jornada donde La Rioja tuvo virtualmente dos gobernadores. En ese momento, en la misma provincia y bajo las mismas circunstancias, dos sectores vivían situaciones totalmente opuestas, con una sociedad que miraba de reojo sin involucrarse demasiado. En un costado estaba el mazismo, integrado por la mayoría de los intendentes y funcionarios del gabinete del Gobernador suspendido, que aguardaban por minutos recibir un llamado telefónico de la Casa Rosada que anunciara la tan anhelada intervención federal, para así acabar con las aspiraciones del otro sector: el bederismo. Mientras Luis Beder Herrera y los mismos diputados que suspendieron a Maza, festejaban su asunción como Gobernador “entre gallos y medianoche”, y empezaban a escribir el nuevo capítulo de política local, con el bederismo al mando.En la noche del martes 13, por orden del juez Miguel Angel Morales, el Cuerpo de Infantería ingresaba intempestivamente para desalojar la Casa de Gobierno, en medio de agresiones y balas de goma, que dejaron como saldo varios heridos, y un auto quemado por manifestantes al frente de la Casa de Gobierno. Angel Maza cargaba en sus espaldas un pedido de juicio político presentado por el ex administrador de Bienes Fiscales, Luis Carreño, que alcanzaba además al fiscal de Estado, Alfredo Pedrali y al secretario General de la Gobernación, Roberto Catalán.
La acusación se había basado en el acuerdo celebrado con Jorgelina Gaitán a quien el Gobierno provincial le había traspasado hectáreas, y pagó por tierras inscriptas a nombre del Estado provincial. Los funcionarios, a excepción de Catalán, fueron acusados por mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, por arrogarse facultades que le correspondían al Poder Legislativo, debido a que para la cesión de tierras del Estado provincial se necesita la aprobación de los dos tercios de la Cámara de Diputados.
Esta causa acabaría con la era mazista en la Provincia, pese a los posteriores intentos del mismo Maza por volver con un sector “renovado”, y daría lugar para vivir la actual realidad con el bederismo en el poder.
Un día como hoy, hace un año atrás, se empezaba a escribir una nueva historia en la política de La Rioja, con la suspensión de un gobernador, la toma de las instituciones públicas, y la asunción de quien nueve meses más tarde ejercería la gobernación tras ser electo por el pueblo. El 13 de marzo del 2007, la Sala Acusadora de Juicio Político determinó suspender en sus funciones al entonces gobernador Angel Maza, y al fiscal de Estado Alfredo Pedrali por la causa de transferencia de tierras del Estado, y a partir de allí la historia daría un giro de 360 grados que no tendría retorno para quien gobernó la Provincia durante casi 12 años. En un último intento por evitar que la Sala Acusadora lo suspendiera, Angel Maza irrumpió sorpresivamente en la sesión donde se definía su futuro, para solicitar una oportunidad que le permitiera defenderse, aunque de allí en adelante todo fue en vano.
Ese martes 13, que según los supersticiosos es día de “mala suerte”, quedará escrito en las páginas de la política riojana como una jornada negra, no sólo para Maza y su séquito, sino para el pueblo y las instituciones democráticas que fueron ultrajadas, sin respeto alguno por el sistema que nos gobierna. Durante esa jornada, y al día siguiente, en La Rioja se vivieron momentos de extrema tensión y violencia, que tuvieron como principal causa la resistencia de un Angel Maza por esas horas desesperado, que luego de ser notificado de la suspensión decidió atrincherarse en el sillón de Casa de Gobierno, que aún consideraba legítimo de ocupar. Rumores de intervención federal, un minúsculo pero tajante apoyo al mandatario suspendido, decretos dictados por el propio Maza desconociendo la medida dispuesta por la Legislatura, y la mirada de todo un país puesta en La Rioja, eran los componentes de una pavorosa postal provincial por ese entonces. Cuando el gobernador Maza ya había sido suspendido en sus funciones, tal como lo establece la ley de Juicio Político, se dio paso a otro capítulo de esta historia, en la que las circunstancias pusieron a la Casa de Gobierno como escenario de lo que sería “la resistencia”.
Cordones de la Policía provincial, que con escudos y armas custodiaban las veredas de la Casa de las Tejas, y un pequeño grupo de manifestantes mazistas, eran el símbolo de la crisis institucional que atravesaba La Rioja, durante una jornada donde La Rioja tuvo virtualmente dos gobernadores. En ese momento, en la misma provincia y bajo las mismas circunstancias, dos sectores vivían situaciones totalmente opuestas, con una sociedad que miraba de reojo sin involucrarse demasiado. En un costado estaba el mazismo, integrado por la mayoría de los intendentes y funcionarios del gabinete del Gobernador suspendido, que aguardaban por minutos recibir un llamado telefónico de la Casa Rosada que anunciara la tan anhelada intervención federal, para así acabar con las aspiraciones del otro sector: el bederismo. Mientras Luis Beder Herrera y los mismos diputados que suspendieron a Maza, festejaban su asunción como Gobernador “entre gallos y medianoche”, y empezaban a escribir el nuevo capítulo de política local, con el bederismo al mando.En la noche del martes 13, por orden del juez Miguel Angel Morales, el Cuerpo de Infantería ingresaba intempestivamente para desalojar la Casa de Gobierno, en medio de agresiones y balas de goma, que dejaron como saldo varios heridos, y un auto quemado por manifestantes al frente de la Casa de Gobierno. Angel Maza cargaba en sus espaldas un pedido de juicio político presentado por el ex administrador de Bienes Fiscales, Luis Carreño, que alcanzaba además al fiscal de Estado, Alfredo Pedrali y al secretario General de la Gobernación, Roberto Catalán.
La acusación se había basado en el acuerdo celebrado con Jorgelina Gaitán a quien el Gobierno provincial le había traspasado hectáreas, y pagó por tierras inscriptas a nombre del Estado provincial. Los funcionarios, a excepción de Catalán, fueron acusados por mal desempeño de sus funciones y falta de cumplimiento de los deberes a su cargo, por arrogarse facultades que le correspondían al Poder Legislativo, debido a que para la cesión de tierras del Estado provincial se necesita la aprobación de los dos tercios de la Cámara de Diputados.
Esta causa acabaría con la era mazista en la Provincia, pese a los posteriores intentos del mismo Maza por volver con un sector “renovado”, y daría lugar para vivir la actual realidad con el bederismo en el poder.
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