El fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna, afirmó este lunes que en base a los informes del Tribunal de Cuentas y de la Legislatura, así como de la propia investigación, se hará en los próximos días una demanda judicial para determinar la responsabilidad de ex funcionarios en el acuerdo de la empresa Yamiri SA con la multinacional Barrick por la explotación minera del Famatina. "Es facultad de este Gobierno determinar sus responsabilidades para que no queden impunes aquellos funcionarios que nos han entregado con legislaciones y armados hechos a propósito, que hoy pasean tranquilos por las calles, nadie los acusa, no están citados por la Justicia y tienen una gran cortina de humo para que los gobernantes nos entretengamos con los que reclaman, cortan rutas o protestan frente al Gobernador", señaló Mercado Luna. Mercado Luna mencionó al ex gobernador Ángel Maza y a Carlos Medina (presidente de Yamiri) como los responsables de articular acciones desde hace prácticamente 20 años. "Maza y Medina no eran visionarios, sino que eran la punta de un iceberg de inversiones que estaban haciendo su avanzada en América latina --en Argentina en particular-- y que después plasmaron en leyes nacionales de inversiones mineras, promociones mineras y los protocolos de integración argentino-chileno y del sur, que dieron después el puntapié inicial para que arriben estos grandes capitales para hacer un gran negocio". El fiscal de Estado puntualizó que "habrá que adjudicar responsabilidades de incumplimiento a los deberes de funcionario público, violaciones a la ley, negociaciones incompatibles con la función pública; pero sobre todas las cosas se trata de marcar un punto de inflexión en un tema que legítimamente divide a muchas personas" y añadió que "la función de los próximos gobiernos constitucionales va a ser empezar a encauzar esta gran riqueza en algo que verdaderamente sea en beneficio de las provincias". Mercado Luna afirmó que desde la Fiscalía de Estado y por pedido expreso del Gobernador se va a continuar con las investigaciones –que llevan ya seis meses- para determinar responsables y tener un acabado relato de la historia. La instrucción es que se avance en la investigación, "si el gobernador Beder Herrera hubiese tenido intenciones de arreglar no hubiese habido informes, el Tribunal de Cuentas y la Legislatura no habrían actuado y la Fiscalía hubiera tenido trabas".
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