LA NACION INVIERTE $770 POR ALUMNO EN LA RIOJA.

El Gobierno nacional invierte en forma directa por año 308 pesos por cada alumno cordobés. Es más que lo que recibe un estudiante de Santa Fe o San Luis, pero representa mucho menos que lo que reciben los chicos de las provincias del norte o del sur del país. Por un alumno de La Rioja la Nación gasta 770 pesos y por uno del Chaco, 703 pesos. No sólo provincias “pobres” reciben más: en Buenos Aires la Nación gasta 390 pesos por alumno; en Santa Cruz, 462 pesos, según La Voz del Interior. Estos son fondos aparte de los que llegan a las provincias por coparticipación o por distintas leyes especiales. En todos esos casos, las provincias ya reciben mucho más recursos por habitante que distritos como Córdoba o Santa Fe, entre otros. Pese a eso, cuando la Nación gasta en forma directa, también las perjudica, y no sólo en relación a provincias de menor desarrollo. La inversión se calcula en base a lo que se destina al Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), a la formación de los maestros, a la infraestructura y al equipamiento, a fondos compensatorios y a otros programas que incluyen la evaluación de la calidad educativa y el fortalecimiento de la educación básica, polimodal y superior, entre otros. Los datos elaborados por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), en base a datos 2007 de los ministerios de Economía y de Educación de la Nación muestran, además, que las políticas que promueven la igualdad educativa no logran incentivar a las jurisdicciones para que administran mejor sus recursos. ¿Por qué? Córdoba, junto a Santa Fe y San Luis, son las provincias más perjudicadas en la inversión directa de la Nación, ya que la distribución se realiza en base a los índices de necesidades básicas insatisfechas, a los recursos económicos y naturales y a la coparticipación federal, entre otros ítems. La idea es compensar a los que menos tienen. No obstante, las provincias que menos reciben son las que más invierten en educación y, a la inversa, las que más obtienen son las que menos se esfuerzan en el gasto presupuestario provincial en educación. Córdoba recibe 308 pesos por chico mientras que destina el 25 por ciento de su presupuesto a la educación (año 2006). San Luis recibe 283 pesos por alumno anualmente y gasta en educación el 22,4 por ciento de su presupuesto total y Santa Fe recibe 259 pesos e invierte 28,9 por ciento en las aulas. La distribución, que nació para achicar la desigualdad educativa entre provincias, no permite premiar a quienes realizan el mayor esfuerzo presupuestario local ni controla que la inversión realmente llegue al sistema educativo. De hecho, la Nación invierte en un alumno riojano más del doble en relación a un cordobés cuando dicha provincia destina sólo el 17,5 por ciento de su presupuesto general a educación. Otro caso emblemático es Santa Cruz, que recibe 462 pesos al año por estudiante y sólo gasta el 12,1 por ciento de su propio presupuesto en las escuelas. Si la mayor o menor inversión fuera un indicador de equidad sería bueno saber qué hace cada jurisdicción a cambio de los recursos que recibe. Y cuánto incide en la calidad. En la década de 1990, algunos de los sistemas educativos de América latina operaban por oferta para invertir y retener alumnos. La ecuación era más plata por más chicos. El mejor ejemplo fue Chile, que mantenía los chicos dentro de las escuelas pero no garantizaba calidad. Hoy, el país trasandino está discutiendo un paso más. Esto es, que no todos los alumnos necesitan igual inversión. La Ley de Subvención Diferenciada chilena se basa en la idea de que se necesita más dinero para educar a un niño con necesidades socioeconómicas bajas. Pero, a la vez, ese chico tiene que aprender más. De esta manera, Chile no gasta igual en todos los estudiantes sino que lo hace por condición socio-cultural y por resultados. Por su parte, Brasil creó un indicador que mide la tasa de escolaridad y la calidad de las escuelas. Cada colegio, cada municipio y cada Estado tiene un índice de valor agregado por el cual se paga por alumno en relación al rendimiento.