PARA EL CIPPEC LA RIOJA NO CUMPLE CON LAS METAS EDUCATIVAS.
Luego de dos años y medio de sancionada la Ley de Financiamiento Educativo, el Cippec elaboró un informe en el que monitorea el cumplimiento de las metas financieras y las metas educativas planteadas. El informe devela cuáles son las jurisdicciones que más esfuerzo presupuestario hicieron en educación. La pregunta central que intenta responder el estudio elaborado recientemente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), refiere a si son suficientes los recursos asignados por la Ley de Financiamiento Educativo para cumplir con las propias metas educativas de la Ley, consolidadas y en algunos casos extendidas por la Ley de Educación Nacional. En la actualidad, “nos encontramos en el punto intermedio del plazo establecido para el cumplimiento de la norma, hasta que el presupuesto educativo alcance gradualmente a representar el 6 % del PBI en el año 2010”, señalan los autores del trabajo. En ese sentido, el monitoreo de la Ley Nº 26.075 abarca no sólo sus metas de financiamiento sino las metas educativas, establecidas en el art. 2 y extendidas por la Ley de Educación Nacional, sancionada en diciembre de 2006. Dado que la información relativa a las metas educativas es menos inmediata y requiere más tiempo de procesamiento que la información presupuestaria, recién en el año 2008 se puede comenzar a medir su cumplimiento para el primer año de aplicación de la norma nacional. Para ello se elaboró un simulacro de escenario macro económico futuro (hasta el año 2010) y se estimaron los costos de cuatro grandes metas educativas. A saber, la universalización de la sala de 4 y 5 años de nivel inicial, la universalización de la escuela secundaria, la extensión de la jornada escolar para el 30 % de los alumnos del nivel primario, el aumento del salario docente. El documento en cuestión presenta las conclusiones para el escenario global y para cada una de las jurisdicciones, favoreciendo el planeamiento educativo de la implementación de las metas educativas, a partir de un conocimiento más aproximado de sus costos. A su vez, intenta generar una discusión abierta acerca de la cantidad de recursos necesarios para garantizar el derecho integral a la educación. . Ya en el año 2006, la meta del 4.7 % fijada en la Ley de Financiamiento Educativo fue superada por la inversión en educación efectiva, que alcanzó el 5 % del PBI. En ese sentido los investigadores resaltan que la Ley de Educación Nacional ya aumentó la inversión programada por la Ley de Financiamiento Educativo, al establecer que a partir de 2010 el 6 % del PBI deberá destinarse sólo a Educación, mientras el gasto en Ciencia y Tecnología deberá sumarse aparte. El esfuerzo para incrementar el gasto consolidado en educación debe asumirse en un 60 % por los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires y el restante 40 % por el gobierno nacional. Esto implica que aumentará progresivamente la participación del Estado nacional en el financiamiento educativo (dado que su participación antes de la Ley rondaba el 25 % del total). En paralelo, el grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo integrado por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya misión es generar diálogos informados y consensos para garantizar una inversión educativa adecuada, justamente distribuida y utilizada con eficiencia, acaba de publicar su informe en el sitio digital de Cippec. Sus actividades incluyen la generación de redes de trabajo entre organizaciones de distintas provincias, con el fin de discutir estrategias para incidir en aumentar y mejorar la calidad de la inversión educativa. Pese a la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, muchas jurisdicciones siguen atravesando situaciones críticas que en algunos casos se manifiestan en conflictos docentes. Además de atender las demandas específicas de los docentes, es clave ampliar la mirada y mostrar las relaciones estrechas del financiamiento educativo con la igualdad y la calidad de la educación. Partiendo de este diagnóstico, el grupo en cuestión elaboró el Barómetro del Financiamiento Educativo, una herramienta novedosa que tiene por objetivo sistematizar los indicadores de influencia política directa sobre el financiamiento educativo y medir año tras año su evolución en todas las jurisdicciones. Lo que hace este Barómetro es evaluar el esfuerzo presupuestario por la educación a partir de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y de acuerdo con los datos oficiales actualmente disponibles. En los resultados de la versión 2008 del Barómetro, se observa que las provincias que realizan el mayor esfuerzo presupuestario por la educación son: Chaco y Santa Fe (con el puntaje óptimo), le siguen Jujuy, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes. Por otra parte, las provincias que deberían aumentar en mayor proporción su esfuerzo son: Salta, San Juan, La Rioja, Santa Cruz y San Luis. Estos datos se refieren fundamentalmente al año 2006, salvo para el salario docente que se actualizó oficialmente a diciembre de 2007. No debería realizarse una extrapolación directa a los conflictos provinciales actuales sin mediar un análisis del presupuesto educativo 2007 y 2008 (que no fueron informados oficialmente aún).Desigualdad. En general, se observa que las provincias con menos recursos son las que más porcentaje de su presupuesto destinan a educación siendo la principal causa de las desigualdades en el financiamiento educativo, el injusto reparto de los recursos coparticipables. Asimismo señalan que es importante tomar conciencia de que muchas provincias hacen un gran esfuerzo y aumentaron su inversión, pero aún así tienen una inversión por alumno (y salarios docentes) bajos: en esos casos es necesario reclamar por más recursos coparticipables y nacionales, aseguran los investigadores. Otros números. Las provincias aumentaron un 3,8 % el salario real de los docentes (de 10 años de antigüedad en el nivel primario), considerando una inflación del 22,3 % entre 2006 y 2007. Las provincias que más aumentaron el salario real fueron: Santa Cruz, La Pampa y Santiago del Estero. Las provincias que más disminuyeron el salario real docente fueron: Chubut y Catamarca. Por otra parte, en promedio, las provincias sobrecumplieron en un 4,3 % la meta de financiamiento establecida por la Ley de Financiamiento Educativo en 2006, en camino a alcanzar el 6 % del PIB en 2010. En promedio las provincias destinaron un 23,8 % de su presupuesto total a Educación en el año 2006. Las provincias que mayor esfuerzo financiero por la educación realizaron fueron: Provincia de Buenos Aires (34,3 %), Corrientes (29,9 %) y Santa Fe (28,9 %). Las provincias que menor esfuerzo realizaron fueron: Santa Cruz (12 %), La Rioja (17,4 %) y Misiones (19,6 %). Este porcentaje no incluye las transferencias del gobierno nacional destinadas a la educación que ejecutan los gobiernos provinciales (sólo incluye el presupuesto educativo estrictamente provincial)
Luego de dos años y medio de sancionada la Ley de Financiamiento Educativo, el Cippec elaboró un informe en el que monitorea el cumplimiento de las metas financieras y las metas educativas planteadas. El informe devela cuáles son las jurisdicciones que más esfuerzo presupuestario hicieron en educación. La pregunta central que intenta responder el estudio elaborado recientemente por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), refiere a si son suficientes los recursos asignados por la Ley de Financiamiento Educativo para cumplir con las propias metas educativas de la Ley, consolidadas y en algunos casos extendidas por la Ley de Educación Nacional. En la actualidad, “nos encontramos en el punto intermedio del plazo establecido para el cumplimiento de la norma, hasta que el presupuesto educativo alcance gradualmente a representar el 6 % del PBI en el año 2010”, señalan los autores del trabajo. En ese sentido, el monitoreo de la Ley Nº 26.075 abarca no sólo sus metas de financiamiento sino las metas educativas, establecidas en el art. 2 y extendidas por la Ley de Educación Nacional, sancionada en diciembre de 2006. Dado que la información relativa a las metas educativas es menos inmediata y requiere más tiempo de procesamiento que la información presupuestaria, recién en el año 2008 se puede comenzar a medir su cumplimiento para el primer año de aplicación de la norma nacional. Para ello se elaboró un simulacro de escenario macro económico futuro (hasta el año 2010) y se estimaron los costos de cuatro grandes metas educativas. A saber, la universalización de la sala de 4 y 5 años de nivel inicial, la universalización de la escuela secundaria, la extensión de la jornada escolar para el 30 % de los alumnos del nivel primario, el aumento del salario docente. El documento en cuestión presenta las conclusiones para el escenario global y para cada una de las jurisdicciones, favoreciendo el planeamiento educativo de la implementación de las metas educativas, a partir de un conocimiento más aproximado de sus costos. A su vez, intenta generar una discusión abierta acerca de la cantidad de recursos necesarios para garantizar el derecho integral a la educación. . Ya en el año 2006, la meta del 4.7 % fijada en la Ley de Financiamiento Educativo fue superada por la inversión en educación efectiva, que alcanzó el 5 % del PBI. En ese sentido los investigadores resaltan que la Ley de Educación Nacional ya aumentó la inversión programada por la Ley de Financiamiento Educativo, al establecer que a partir de 2010 el 6 % del PBI deberá destinarse sólo a Educación, mientras el gasto en Ciencia y Tecnología deberá sumarse aparte. El esfuerzo para incrementar el gasto consolidado en educación debe asumirse en un 60 % por los gobiernos provinciales y la ciudad de Buenos Aires y el restante 40 % por el gobierno nacional. Esto implica que aumentará progresivamente la participación del Estado nacional en el financiamiento educativo (dado que su participación antes de la Ley rondaba el 25 % del total). En paralelo, el grupo Compromiso con el Financiamiento Educativo integrado por Organizaciones de la Sociedad Civil, cuya misión es generar diálogos informados y consensos para garantizar una inversión educativa adecuada, justamente distribuida y utilizada con eficiencia, acaba de publicar su informe en el sitio digital de Cippec. Sus actividades incluyen la generación de redes de trabajo entre organizaciones de distintas provincias, con el fin de discutir estrategias para incidir en aumentar y mejorar la calidad de la inversión educativa. Pese a la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, muchas jurisdicciones siguen atravesando situaciones críticas que en algunos casos se manifiestan en conflictos docentes. Además de atender las demandas específicas de los docentes, es clave ampliar la mirada y mostrar las relaciones estrechas del financiamiento educativo con la igualdad y la calidad de la educación. Partiendo de este diagnóstico, el grupo en cuestión elaboró el Barómetro del Financiamiento Educativo, una herramienta novedosa que tiene por objetivo sistematizar los indicadores de influencia política directa sobre el financiamiento educativo y medir año tras año su evolución en todas las jurisdicciones. Lo que hace este Barómetro es evaluar el esfuerzo presupuestario por la educación a partir de la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo y de acuerdo con los datos oficiales actualmente disponibles. En los resultados de la versión 2008 del Barómetro, se observa que las provincias que realizan el mayor esfuerzo presupuestario por la educación son: Chaco y Santa Fe (con el puntaje óptimo), le siguen Jujuy, Entre Ríos, Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Corrientes. Por otra parte, las provincias que deberían aumentar en mayor proporción su esfuerzo son: Salta, San Juan, La Rioja, Santa Cruz y San Luis. Estos datos se refieren fundamentalmente al año 2006, salvo para el salario docente que se actualizó oficialmente a diciembre de 2007. No debería realizarse una extrapolación directa a los conflictos provinciales actuales sin mediar un análisis del presupuesto educativo 2007 y 2008 (que no fueron informados oficialmente aún).Desigualdad. En general, se observa que las provincias con menos recursos son las que más porcentaje de su presupuesto destinan a educación siendo la principal causa de las desigualdades en el financiamiento educativo, el injusto reparto de los recursos coparticipables. Asimismo señalan que es importante tomar conciencia de que muchas provincias hacen un gran esfuerzo y aumentaron su inversión, pero aún así tienen una inversión por alumno (y salarios docentes) bajos: en esos casos es necesario reclamar por más recursos coparticipables y nacionales, aseguran los investigadores. Otros números. Las provincias aumentaron un 3,8 % el salario real de los docentes (de 10 años de antigüedad en el nivel primario), considerando una inflación del 22,3 % entre 2006 y 2007. Las provincias que más aumentaron el salario real fueron: Santa Cruz, La Pampa y Santiago del Estero. Las provincias que más disminuyeron el salario real docente fueron: Chubut y Catamarca. Por otra parte, en promedio, las provincias sobrecumplieron en un 4,3 % la meta de financiamiento establecida por la Ley de Financiamiento Educativo en 2006, en camino a alcanzar el 6 % del PIB en 2010. En promedio las provincias destinaron un 23,8 % de su presupuesto total a Educación en el año 2006. Las provincias que mayor esfuerzo financiero por la educación realizaron fueron: Provincia de Buenos Aires (34,3 %), Corrientes (29,9 %) y Santa Fe (28,9 %). Las provincias que menor esfuerzo realizaron fueron: Santa Cruz (12 %), La Rioja (17,4 %) y Misiones (19,6 %). Este porcentaje no incluye las transferencias del gobierno nacional destinadas a la educación que ejecutan los gobiernos provinciales (sólo incluye el presupuesto educativo estrictamente provincial)
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