CARLOS CHACON ADVIERTE QUE ES ILEGAL QUITARLE UNA VIVIENDA SOCIAL A QUIÉN NO LA HABITA.

Escribe Carlos Chacón, titular del partido Compromiso Riojano

El diputado Jorge Menem ha declarado recientemente que está elaborando un proyecto de ley para recuperar las casas entregadas por el gobierno que aún no han sido habitadas. Tremenda declaración y proyecto sólo puede provenir de quien no tiene aún la suficiente experiencia ni la preparación adecuada para ser diputado; porque si el proyecto prospera, tendríamos una ley inconstitucional que daría lugar a una catarata de juicios contra el Estado provincial y el consecuente pago de indemnizaciones que se realizará, no con la plata de los funcionarios que han adjudicado las viviendas; sino con la plata de todos nosotros. Cuando hablo de la falta de experiencia y preparación, no tan sólo hablo del diputado Menem; sino también del gobernador Beder Herrera, quien tras 25 años de estar en la Legislatura, como diputado y como vicegobernador; no puede desconocer que las leyes se aplican para el futuro y que, si existen casas entregadas por el gobierno que no son habitadas, hay que ir por los funcionarios que las otorgaron, en vez de perseguir a la gente a la que se le adjudicó. Es el gobierno el único culpable de entregar viviendas sin la verificación de los requisitos correspondientes. Si se da la posesión de una propiedad, así esté habitada o no, y se cumple con el pago de las cuotas, esa propiedad entra en la esfera del patrimonio personal del beneficiado, y la Constitución dice taxativamente que la propiedad es inviolable. Si a ese inmueble el Estado lo quiere recuperar, sólo lo puede hacer mediante expropiación, lo que implica la declaración de utilidad pública por ley y la indemnización previa. Por eso es muy peligroso que se cree un antecedente legislativo de este tipo, pues podemos llegar al absurdo de que el Estado alegando cualquier motivo se inmiscuya con la propiedad privada. Por otra parte, si se pretende inventar leyes que rijan para el pasado vamos mal, porque es inconstitucional; en este caso las propiedades han sido adjudicadas, y lo que hay que saber para despejar todo tipo de duda es qué funcionario la adjudicó y porqué no verificó adecuadamente el cumplimiento de los requisitos de adjudicación. Entonces, la no contemplación que declaman el gobernador y el diputado no debe dirigirse hacia los propietarios, sino hacia los funcionarios incompetentes que ocupan cargos en el Estado y que hacen demagogia barata, propia de tiempos electorales, con quienes tienen la desgracia de no tener vivienda.