EN UN INFORME EL ARI REVELA QUE EL SECRETARIO DE MINERIA DE LA NACIÓN, JORGE MAYORAL, ES UN EMPRESARIO MINERO.

El Gobierno nacional está enamorado de la minería, con esa devoción que generan los objetos brillantes. Y no se cansa de publicitar la escalada del sector en los últimos años, en una Argentina que hasta hace poco no pesaba en el mapa de los inversores. Es cierto: encandilan las cifras de un negocio que en 2006 exportó $ 8.000 millones de pesos, un 40 por ciento más que en 2005. Por eso en Balcarce 50 se hace lo imposible para que las firmas que aceitan la maquinaria no puedan resistirse a un ventajoso aparato fiscal, armado en los ’90 y recargado por la gestión K. Al margen se escuchan el rechazo ambiental ante cada proyecto metalífero, las quejas por un sistema que deja poco al Estado y mucho a las empresas, y las críticas a los vínculos entre esta actividad privada y la función pública. El informe del ARI “Violaciones, irregularidades e impunidad en la actividad minera”, señala que el secretario de Minería de la Nación, Jorge Mayoral, posee participación en tres empresas mineras, algo que el propio funcionario señala en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Mayoral, un ingeniero minero sanjuanino que llegó a la función pública en 2002, posee el 30% de la firma Micas Argentinas SRL, el 15% de Millstone SA y el 25% de Minvail SA (dedicadas a la explotación de canteras y a la exploración minera). El paquete le significa al secretario un patrimonio de casi $ 450.000. También tiene presencia en otra empresa: MRO Andino, dedicada a la seguridad industrial. Fue entre 1998 y 2001 cuando adquirió su parte en estas firmas. Según el documento del ARI (elaborado por el Centro para la Transparencia en Gestión Pública y Privada), la OA investigó su caso “por posible comisión del delito de incompatibilidades y conflictos de intereses”, y en una resolución de 2003 habilitó la situación mixta de Mayoral. Para la Ley de Etica Pública es incompatible que un funcionario preste servicios a quien realiza actividades reguladas por el Estado, cuando su cargo tiene competencia directa en esas actividades. En el caso de Mayoral, si bien como secretario de Minería sus decisiones gravitan sobre el sector en su conjunto, la OA no le pidió que renunciara a su parte en las sociedades privadas antes de asumir (una opción que habilita la ley), sino que dispuso se abstenga “de tomar intervención en todo asunto relacionado con las firmas Micas Argentinas y Millstone, en tanto mantenga participación en su propiedad y hasta tres años de su eventual desvinculación”. Además, pidió al entonces Ministerio de Producción que fijara si la presencia del sanjuanino en esas dos empresas y en Minvail afectaba el régimen de incompatibilidades de la Ley de Ministerios. “La restricción nada dice de la actitud que deberá observar al dictaminar sobre empresas de las que es proveedor, cliente o competidor”, señala la diputada del ARI Fabiana Ríos, que estuvo a cargo del informe. En diálogo con PERFIL, Mayoral sostuvo que ninguna de las empresas de las que forma parte tiene relación con el Estado ni un rol importante en el sector. “Ni siquiera llegan al volumen de una pyme, y la mayoría no tiene actividad desde que estoy en Buenos Aires”, aseguró. “Me considero un dirigente nuevo y nadie en el sector puede decir que no sepa de mi especialidad o no sea transparente. No escondo nada en mi declaración jurada”, dijo. Sobre por qué no renunció a estas firmas antes de asumir, se defendió: “Una empresa se mide por lo que factura, y las que yo tengo no están facturando. Es casi como si no las tuviese”.