EL RADICALISMO CARGO CONTRA EL GOBERNADOR AL CALIFICARLO "COMO UN GOBIERNO MAFIOSO".

Julio Martínez es el presidente del radicalismo y diputado nacional. Y además el radical aspira a ser gobernador en el 2011. También está Guillermo Galván que es el titular del Comité Capital y legislador provincial. Y se suma Inés Brizuela y Doria la representante legal del partido centenario. A través de esos tres dirigentes radicalismo, la oposición descargó una artillería mediática contra Luis Beder Herrera, gobernador y aliado kirchnerista, al considerarlo “un mafioso”. Martínez y Galván lo dijeron por radio FM Provincia, mientras que Brizuela y Doria afirmó que Beder Herrera es pasible de juicio político en declaraciones a radio FM Fénix. El presidente del Comité Provincia de la UCR acusó al gobernador de ser el responsable de “sostener la corporación política” que lo hizo llegar a la gobernación “entrando por la ventana”. “Todo lo que él (por Beder Herrera) ha construido, no lo tiene por consenso”, disparó en el marco de los reiterados cuestionamientos hacia la injerencia del poder político en las decisiones legislativas y judiciales. Beder Herrera “ha llegado (a la Gobernación), entrando por la ventana”, y ahora tiene que dar respuestas a todos aquellos que lo acompañaron para llegar a la máxima administración de la provincia, dijo. Y el gobernador “tiene que asegurar que nadie quede fuera de la corporación”, y como resultante se dan situaciones como las vividas la pasada semana con la asunción de los diputados cuestionados, a los cuales calificó como “truchos”. “Veamos lo que dice la Constitución (provincial) y no lo que dice Beder Herrera, que me importa un bledo”, exclamó. Aseguró que la sobreposición de poderes también se refleja en el actuar de los órganos de control. “También en Capital quieren impedir que controlemos “el manejo del Gobierno, decidiendo “maniobras para elegir sus miembros 6 meses antes” o pedir el juicio político contra el vocal Ramón Brizuela y Doria luego de que este diera a conocer supuestas irregularidades en la administración gubernamental. A su vez, Galván puntualizó su atención en la política habitacional del Gobierno provincial y se quejó de la existencia de “tanta impunidad” en el manejo de las adjudicaciones, al asegurar que en las maniobras irregulares tiene que haber un funcionario implicado. En este sentido, coincidió con Martínez, al calificar como “mafioso” el manejo gubernamental de Beder Herrera, sino también el Gobierno de la provincia”, arriesgó el dirigente radical. Mientras que Brizuela y Doria insistió con la asunción de “diputados provisionales” y entendió que representan una “apologia del delito” y precisó que “hay que estudiar la figura y esta la posibilidad de pedirle el juicio político por esas declaraciones”. Al respecto, dijo que el gobernador “o desconoce las leyes o es realmente un tirano”. “La Cámara (de Diputados) ha actuado violando la ley al permitir que se incorporen en su seno personas que no tienen la calidad de diputadas”, indicó y precisó que el conflicto por las diputaciones no se ha “nacionalizado” aún debido “a la situación complicada en el Congreso nacional por la reforma política, que fue sancionada este miércoles. “Nuestras autoridades partidarias nacionales van a plantear la situación en el Congreso Nacional. Lleva su tiempo para que se entienda allá, porque es inédito lo que pasa en la provincia resulta increíble. Acá se creo una figura inédita en el campo político y jurídico, como los diputados provisionales”, afirmó. ¿9a Desde el oficialismo sólo salió el diputado por Rosario Vera Peñaloza y presidente del Bloque Justicialista Mario Guzmán Soria, quien rechazó las acusaciones deGalván sobre que los legisladores rompieron "el ordenamiento jurídico de la Provincia" al permitir jurar a las diputadas Alejandra Oviedo, Silvia Gaitán y Adriana Olima. En ese sentido, Guzmán Soria consideró que las declaraciones son "cuando menos exageradas y propias de quién no ha leído la legislación vigente, ya que el reglamento interno de la Cámara de Diputados, en su Artículo 5º, autoriza a tomar juramento a los diputados y por otro lado la Constitución Provincial nos obliga a que respetemos la división de Funciones del Estado". Explicó Guzmán Soria que "hay un proceso en trámite (en la Justicia), y si la Cámara interfiere en ese proceso judicial, estarían violando ese principio básico y fundamental". "Esta persona no se ha preocupado en leer, lo que sí se ha preocupado es por causar escándalo con declaraciones altisonantes sin asidero jurídico, me extraña de Guillermo Galván que es un abogado respetado, que se largue a decir estas cuestiones que nada tienen que ver", expresó. Respecto de los ejemplos que dio Galván en sus acusaciones, comparando lo actuado por la Legislatura con los procesos de la Escuela Normal y con otros conflictos civiles de índole matrimonial, Guzmán Soria explicó que "el tema de la Escuela Normal es también un tema judicial y hay que esperar que el proceso se está ventilando en la Justicia" y también "que una madre que está esperando la cuota alimentaría del padre para alimentar a sus hijos, también necesita esperar un proceso judicial".