Un millón y medio de dólares se repartirán entre 1.500 personas, reconocidas por la Justicia como acreedores de indemnizaciones y otros créditos laborales tras la quiebra de la ex curtiembre Yoma. Pero, otros 90 impugnarán la lista porque se creen también con derecho a cobrar, según El Independiente. El dinero fue depositado por Curtume CBR, actual propietaria de la curtiembre, en pago de la primera cuota por su adquisición. En ese sentido, el juez Daniel Flores adelantó "hay 1.500 personas en los listados con distribuciones de diferentes montos, algunos pequeños, otros medianos y algunos con montos importantes, por eso, queremos que quede bien claro lo que vamos a distribuir. En ese sentido, hemos citado a los síndicos para vengan mañana (por este martes) desde La Rioja, para estudiar la distribución, puede que salga como estaba, pero la idea es aclarar todo para poder ordenar la publicación de un edicto para que los interesados puedan cuestionar o no la suma que se les otorgue". Además dijo tener conocimiento que hay unas noventa personas que impugnarían este proyecto de distribución, porque "no van a cobrar y se creen con derecho a hacerlo", precisó Flores ante los medios de prensa. En la mañana del lunes, un grupo de ex operarios de la curtiembre Yoma se reunió en los Tribunales chileciteños para informarse sobre el pago de la posquiebra, ya que tenían información del depósito que había hecho la brasileña Curtume CBR por la compra de la curtiembre. Flores explicó que ante la demanda de los ex operarios, se les explicó que la demora en el pago "no es un hecho antojadizo, no hay una demora porque sí, sino por una situación que tenemos que esclarecer antes de efectivizarlo y han surgido algunas dudas, si se hubiese pagado con la premura que se quiere, hubiésemos cometido un gran error. Para evitar equivocarnos vamos a conversar con los síndicos que son quienes han hecho el informe". Flores adelantó que ante la presencia de estas "noventa personas que quieren a impugnar el informe calculando que no van a cobrar, tenemos que tener una respuesta firme, una decisión clara, que nos permita establecer si hay que hacerle lugar o no. Eso evitará que se demore el pago a las personas a quienes corresponde cobrar". Por otra parte, el magistrado dijo que también hubo una demora de la empresa brasileña para abonar la primera cuota, porque presentó "un pedido de prórroga, argumentando que el Estado no les otorgó la Promoción, ni hizo la planta de tratamiento de efluentes en el tiempo establecido, pero le denegamos el pedido, ya que habían transcurrido dos años que estaban explotando la empresa y los acreedores no habían cobrado nada".
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