EL GOBIERNO MENDOCINO PRESENTO SU QUEJA ANTE LA CORTE POR LA PROMOCIÓN INDUSTRIAL.
El Estado mendocino presentó este miércoles un recurso de amparo para impedir la aplicación del decreto presidencial 699/2010 que prorrogó la promoción industrial por 15 años más en La Rioja y dejó la puerta abierta para que el resto de las provincias promocionadas de la región (Catamarca, San Juan y San Luis) se sumen a los beneficios impositivos para sus fábricas. La presentación la radicaron a las 9.30 en la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte Suprema de Justicia –en los tribunales de Capital Federal- el fiscal de Estado -por ahora adjunto- Joaquín de Rosas y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini junto al abogado patrocinante Abel Albarracín. En rigor, los funcionarios del Ejecutivo provincial presentaron dos escritos para que resuelva el máximo tribunal nacional. El primero es una “acción declarativa de certeza” por la inconstitucionalidad y nulidad del decreto 699 y el segundo es una acción cautelar que conlleva un pedido de no innovar para que la Justicia frene la aplicación de la medida presidencial hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, la inconstitucionalidad del decreto. El argumento de fondo que contienen ambos escritos del Estado mendocino es un cuestionamiento a que el decreto 699 que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el 20 de mayo se basa en supuestas facultades delegadas del Congreso por la ley de Emergencia Económica. Según explicaron Mosso Giannini y De Rosas a Los Andes, la propia Constitución nacional establece en el artículo 75 que cualquier resolución sobre la coparticipación federal de impuestos (un régimen de promoción industrial disminuye la torta de dinero a las provincias porque las empresas promocionadas tienen exenciones impositivas) debe ser votada por el Congreso y debe ser el Senado –donde todas las provincias están representadas igualitariamente- la cámara de origen. “No hay ninguna delegación expresa del Congreso para que se reinstaure la promoción industrial”, explicó Mosso Giannini, y De Rosas agregó que la situación de emergencia no está justificada en el decreto. Se espera que en dos semanas, los jueces de la Corte nacional resuelvan la medida cautelar. Funcionarios judiciales confiaron que este miércoles mismo tendrán en sus escritorios la demanda de Mendoza y se abocarán a estudiarla.
El Estado mendocino presentó este miércoles un recurso de amparo para impedir la aplicación del decreto presidencial 699/2010 que prorrogó la promoción industrial por 15 años más en La Rioja y dejó la puerta abierta para que el resto de las provincias promocionadas de la región (Catamarca, San Juan y San Luis) se sumen a los beneficios impositivos para sus fábricas. La presentación la radicaron a las 9.30 en la Secretaría de Asuntos Originarios de la Corte Suprema de Justicia –en los tribunales de Capital Federal- el fiscal de Estado -por ahora adjunto- Joaquín de Rosas y el asesor de Gobierno, César Mosso Giannini junto al abogado patrocinante Abel Albarracín. En rigor, los funcionarios del Ejecutivo provincial presentaron dos escritos para que resuelva el máximo tribunal nacional. El primero es una “acción declarativa de certeza” por la inconstitucionalidad y nulidad del decreto 699 y el segundo es una acción cautelar que conlleva un pedido de no innovar para que la Justicia frene la aplicación de la medida presidencial hasta que se resuelva la cuestión de fondo, es decir, la inconstitucionalidad del decreto. El argumento de fondo que contienen ambos escritos del Estado mendocino es un cuestionamiento a que el decreto 699 que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmó el 20 de mayo se basa en supuestas facultades delegadas del Congreso por la ley de Emergencia Económica. Según explicaron Mosso Giannini y De Rosas a Los Andes, la propia Constitución nacional establece en el artículo 75 que cualquier resolución sobre la coparticipación federal de impuestos (un régimen de promoción industrial disminuye la torta de dinero a las provincias porque las empresas promocionadas tienen exenciones impositivas) debe ser votada por el Congreso y debe ser el Senado –donde todas las provincias están representadas igualitariamente- la cámara de origen. “No hay ninguna delegación expresa del Congreso para que se reinstaure la promoción industrial”, explicó Mosso Giannini, y De Rosas agregó que la situación de emergencia no está justificada en el decreto. Se espera que en dos semanas, los jueces de la Corte nacional resuelvan la medida cautelar. Funcionarios judiciales confiaron que este miércoles mismo tendrán en sus escritorios la demanda de Mendoza y se abocarán a estudiarla.
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