EL DIPUTADO JULIO MARTINEZ SUFRE OTRO REVÉS EN EL CONGRESO.

Las legisladoras nacionales riojanas por el PJ, Hilda de Soria y Marta Quinteros, presentaron una denuncia como cuestión de privilegio en el Congreso de la Nación donde acusan a su par Julio Martínez por “inconducta grave” y solicitan su remoción. El pedido obedece a la detección de menores trabajando en la finca “El Fortín”, de propiedad del diputado nacional radical, que negó la acusación y obtuvo el respaldo de un grupo de dirigentes partidarios. A través de una nota presentada ante las autoridades parlamentarias por las diputadas nacionales Hilda Aguirre de Soria y Marta Quinteros, se pone de manifiesto “la lesión al honor y el decoro de la Cámara de Diputados de la Nación, producida por la inconducta grave de un miembro de ese cuerpo”, en alusión a su par Julio Martínez. Debido a ello, se solicita “el tratamiento de esta conducta como Cuestión de Privilegio, para que se proceda a su investigación y/o constatación y se adopte una decisión política o bien disciplinaria, solicitándose concretamente su remoción por inhabilidad moral”. La nota de presentación hace referencia a las actas labradas por la Secretaría de Trabajo de la Provincia en oportunidad de inspeccionar, entre otras, la finca “El Fortín”, propiedad del diputado nacional del Frente Cívico y Social, Julio César Martínez, donde se verificó que había tres menores trabajando de 13, 15 y 16 años. Se considera que la conducta del legislador Julio Martínez “es violatoria del derecho de las personas menores de edad, quienes están resguardadas en nuestro ordenamiento jurídico”, según consta en la denuncia presentada. La noticia relacionada con la detección de menores trabajando en la finca del diputado radical Julio Martínez fue ampliamente difundida por los medios locales y trascendió al ámbito nacional, quedando inmediatamente asociado el tema al conocido caso del diputado nacional salteño Alfredo Olmedo, en virtud de las similitudes que guardan ambas situaciones: “Los diputados nacionales responsables directos de violaciones a los derechos humanos”. La nota ingresada este miércoles en el Congreso de la Nación, remarca que “el trabajo infantil y cualquier explotación de un menor de edad, es una forma de degradación de las personas, lo que está prohibido expresamente por la legislación nacional y provincial vigente”. Precisamente, el caso de la situación encontrada en la finca El Fortín, ubicada en Malligasta, de propiedad de Martínez, quedó asociado con la del diputado nacional salteño por el PJ, Alfredo Olmedo, sobre el cual también ingresó este miércoles una denuncia, en la que del mismo modo se pide su remoción por inhabilidad moral. En ambos casos, las notas fueron presentadas por las diputadas nacionales Aguirre de Soria y Quinteros.