miércoles, 8 de junio de 2011

A PESAR DEL TRIUNFO EN LA RIOJA DEPENDEN 19 MIL FAMILIAS DE LA TARJETA SOCIAL.

Lo informó el Ministerio de Desarrollo Social al indicar que a través de dicha tarjeta sus beneficiarios reciben 120 pesos por mes para poder reforzar la adquisición de diversos alimentos y otros productos de primera necesidad. En ese marco, unos 24 millones de pesos mensuales es el costo que tiene el Estado para mantener vigente este importante programa social, que refleja la difícil situación social de la provincia. Como contrapartida, el gasto implica un fuerte aporte al circuito económico local.El Ministerio de Desarrollo Social, en forma conjunta con la Dirección de Comercio Interior, realizaron diversas jornadas informativas en los Barrios Ricardo Primero y Alunai, con el fin de promover los derechos del Consumidor y generar instancias que propicien la concientización en los titulares de las Tarjetas Sociales.En este marco, los equipos técnicos del Ministerio de Desarrollo Social y de Comercio Interior explicaron y difundieron cuales son sus derechos como consumidores, fortaleciéndolos a través del programa “Valor.Ar”.El director de Planificación y Organización de la cartera social, Marcelo Menem, explicó que “este programa se viene desarrollando desde hace varios años generando instancias de colaboración mutua. Se trata de una actividad destinada a los 19 mil titulares de Tarjetas Sociales y tickets alimentarios”. El funcionario recordó que el gobierno provincial, a través del Ministerio de Desarrollo Social, invierte mensualmente alrededor de 24 millones de pesos, “lo que significa un importante aporte al circuito económico local y un incentivo para los comercios de La Rioja”. Junto a esto, puntualizó que “las principales inquietudes de los usuarios apuntan a conocer cuales son sus derechos a la hora de realizar las compras, la acreditación de la tarjeta y su uso”. Por su parte, el director de Comercio Interior, Mario Stanojevic, sostuvo que “el programa Valor.Ar aborda de forma integral diversas acciones destinadas al conocimiento sobre derechos del consumo, acuerdos de precios y promoción de una alimentación saludable”. Finalmente, manifestó que “se trata de inculcar en los vecinos la organización popular para, que la gente incorpore estos conocimientos a su vida cotidiana”.

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