SOLICITAN JUICIO POLITICO A JUECES POR NO RESOLVER RECLAMO SALARIAL.

La Asociación de Trabajadores Judiciales (ATJ) pidió al Consejo de la Magistratura, el juicio político -Jury de Enjuiciamiento- contra los jueces de Cámara Luis Pertile y Jorge Gamal Chamía, porque, como integrantes de un tribunal dictaron una medida de “no innovar” y paralizaron una causa judicial por la cual el gremio reclamaba la asignación de una partida presupuestaria de 15 millones de pesos, para otorgar incrementos salariales a los empleados judiciales en el año 2008. El titular del sindicato, Horacio Juárez, en diálogo con Radio Independiente recordó que en 2008, el gremio presentó un recurso de amparo judicial, porque el gobierno no le otorgaba el aumento salarial previsto en el presupuesto de ese año. Ese recurso fue frenado con otro amparo presentado por el fiscal de Estado Gastón Mercado Luna, luego que un Tribunal Superior de Justicia “ad-hoc”, integrado por conjueces (abogados no empleados judiciales) condenó al Ejecutivo a pagar el incremento salarial utilizando ese fondo. En esa condena, el Tribunal Superior multó al Ejecutivo a pagar 200 pesos diarios por empleado judicial perjudicado por la no aplicación del incremento. Según Juárez, al no cumplirse con el pago del aumento, esa deuda acumulada tras casi 4 años de mora ya supera los 60 millones de pesos. Por eso, el gremio pide el juicio político de Pertile y Chamía, miembros del Tribunal integrado también por el ex juez Angel Avila, quien no es alcanzado por la acción, porque ya no pertenece a la Función Judicial. Según el gremio, ese Tribunal incurrió en “retardo de justicia” al no resolver nunca la medida preventiva de “no innovar” dictada en 2008. El pedido de juicio político lo debe resolver el Consejo de la Magistratura, que, casualmente, preside uno de los jueces imputados por el gremio, Luis Pertile, quien está a cargo del organismo, tras la salida de Avila del Poder Judicial. Para Juárez, el juez Pertile debería apartarse del caso. Pero de todas formas, el gobierno tiene el control político del Consejo. Los otros miembros son los diputados oficialistas Sergio Casas y Emilio Lucero y el asesor de Gobierno, Héctor Durán Sabas. El otro, es el representante del Consejo de Abogados, Raúl Galván. Para el gremialista, los jueces “son dependientes del poder político” y eso complica el futuro del juicio político pedido. Si el Consejo lo rechaza, (tiene 30 días para tomar una decisión), el sindicato no tiene demasiadas acciones políticas, sindicales y judiciales para reclamar.