jueves, 23 de agosto de 2012

EMILIO RODRIGUEZ: "ES UNA CAUSA DE UNA LIVIANA DIFAMACIÓN MEDIÁTICA Y POLITICA".

Emilio Rodríguez, asesor legal del municipio Capital dijo, a Radio La Red, que la causa abierta por la Justicia en contra de la secretaria de Hacienda Municipal, Claudia Ortiz, es una “persecución política que realiza el Gobierno provincial” por las diferencias que mantiene con la gestión de Ricardo Quintela. La causa que investiga a la funcionaria municipal y que según la Fiscalía, incurrió en el delito de "estafa genérica". Frente medida de la Justicia, el intendente salió a respaldar a la Secretaria. "Desde un punto de vista jurídico, la causa, no tiene fundamentos”, sostuvo. Y agregó: “No encontramos elementos suficientes para imputarle algún hecho doloso a la contadora Ortiz. Asimismo, responsabilizó a la Provincia por una “persecución política” en contra de los funcionarios municipales por las diferencias que persisten entre Beder Herrera y Quintela. “Vivimos en una estado de crisis de la instituciones en La Rioja donde hay una Justicia dependiente del poder político central”, lanzó. “Escuche al Presidente Tribunal de Justicia estar molesto por lo que se dice de la Justicia, pero es la verdad, cualquier lo puede decir”, dijo y destacó que “los jueces se tienen que sentir con las facultades que les otorga el derecho y la Constitución y ser independiente y fallar conforme al derecho y la ley”. El abogado del municipio, consideró que “se judicializa una causa que es meramente administrativa". Y continuó: "si hay algún incumplimiento administrativo es por parte de Estado provincial, quedó más que claro con la documentación aportada por el municipio”. “Los PIL, que son los damnificados, tienen más claro que todos como es la situación. Nosotros reiteramos que conforme a la ley 6154 la única agente de retención y la única obligada para hacer los aportes previsionales es la Provincia, en virtud del convenio firmado en base a la ley de transferencia del sistema previsional”, añadió. “Por más que el intendente y la contadora hubiesen querido ir con el dinero a depositar para pagar los aportes, era materialmente imposible porque la facultada y obligada para hacerlo es la Provincia”, sostuvo.

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