Además de denunciar que la actual diputada nacional por el Frente Cívico de La Rioja (radicalismo) Inés Brizuela y Doria debe renunciar a su banca porque incurrió en la violación de la Ley Nacional 25.188 de Ética Pública, por defender a un represor acusado de cometer delitos de lesa humanidad en la última dictadura militar, dos funcionarios del gabinete riojano consideraron también que la inconducta moral alcanza además a su correligionario y actual diputado nacional –que busca renovar su banca- Julio Martínez, por lo que también debe rendir cuentas. Esta cuestión ya había sido planteada públicamente por dirigentes de la juventud radical y de Franja Morada, el segmento estudiantil del radicalismo. El pronunciamiento lo hicieron conocer este martes el subsecretario Legal y Técnico de Gestión Pública Carlos Lucero y el director de Gestión Pública, Eduardo Matzkin, ambos de la Secretaría General de la Gobernación, después que se conociera públicamente que Brizuela y Doria actuara en el año 2008 como defensora del gendarme García, acusado por torturas cometidas en Famatina en la última dictadura militar que gobernó la Argentina. Carlos Lucero informó que la Ley Nacional 25.188 de Ética Pública en su artículo Primero contempla “la inhabilidad para la función pública alcanza a las personas que hayan desempeñado actividades de cualquier índole con los sujetos contemplados en el artículo anterior ( referido a las personas que hayan cumplido condena judicial o hayan sido indultadas por delitos de genocidio, desaparición forzada, homicidios, privación ilegítima de la libertad, supresión o falsificación de identidad, torturas, ejecuciones sumarias o extrajudiciales, participación directa o necesaria en golpe de estado consumado o fallido, robo, defraudación, estafas, malversación de fondos públicos o privados y demás delitos conexos asociados a etapas de Terrorismo de Estado, o con antecedentes penales y/o procesos judiciales vinculados a estos delitos, amparados por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final), que con el conocimiento previo de los delitos cometidos o a cometer hayan constituido la razón sustancial del vinculo fehaciente probado por la ley judicial..”. Señaló que “también existen casos, a título de ejemplo, tanto en Tucumán como en la provincia de Buenos Aires, donde el entonces presidente Néstor Kirchner, a días de asumir la función como funcionario público, le solicitó a esa persona la renuncia por haber sido abogado de los represores”. En el caso de Brizuela y Doria, dijo que “tenía conocimiento de la condición del represor que defendía, donde no importa si sabía al principio o al final del proceso judicial”, argumentando además que “todo abogado conoce a quien defiende, por los que la legisladora no puede salir a decir ahora que solo acompañaba a la indagatoria al acusado sin saber por qué motivo”. “La diputada Brizuela y Doria debe dar explicaciones, rendir cuentas de su actuación, caso contrario deberá presentar su renuncia como legisladora nacional”, afirmó. Por su parte, Matzkin se lamentó que en estas elecciones democráticas “existan candidatos que están ligados con situaciones lamentables de la nefasta dictadura”. Sostuvo que la situación “hace responsable no solo a la diputada nacional Inés Brizuela y Doria, sino que involucra directamente al legislador nacional y precandidato a la reelección Julio Martínez”. El funcionario argumentó la denuncia en que en primera instancia “Brizuela y Doria fue candidata suplente, cuando en el 2009 Martínez fue candidato titular a diputado nacional; pero después la legisladora asume el cargo cuando Julio Martínez ejercía el cargo de presidente de la Unión Cívica Radical en La Rioja”. Amplió Matzkin que “el Comité Provincia propone al Congreso partidario quiénes van a ser sus representantes, de tal manera que Martínez cuando propone a Brizuela y Doria estaba en conocimiento del accionar reprochable que tuvo la legisladora defendiendo al represor”. Agregó que “hay una gran ambivalencia en el discurso de ambos, que se presentan como defensores de los derechos humanos por un lado, haciendo pantomimas de ambientalistas en Famatina o poniéndose del lado de la familia de Alberto Ledo en Tucumán, mientras que por otro observaron conductas totalmente reprochables”. Matzkin interpretó además que el actual presidente de la Unión Cívica Radical de La Rioja Roberto Krol debe convocar inmediatamente a un congreso para que tanto Inés Brizuela y Doria como Julio Martínez rindan cuentas de la situación que se plantea por la vinculación con la defensa de un represor de la dictadura militar”. Enfatizó que “Julio Martínez fue la máxima autoridad partidaria cuando Inés Brizuela y Doria fue la candidata por el Frente Cívico (radicalismo riojano), por ello también tiene responsabilidad (Martínez)”.
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