EMBARGAN A GASTÓN MILLICAY POR MÁS DE UN MILLÓN DE PESOS.

El juez Mario Martínez hizo lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal quien solicitó el embargo de los fondos por el monto de 1.151.878,19, que fueron depositados en un banco privado a través de dos transacciones a nombre de Gastón Millicay. De esta manera se procederá al decomiso de esta suma de dinero a los fines de “reparar el daño social causado y de recuperar para la comunidad los activos obtenidos o utilizados en la comisión de los delitos socialmente dañosos”. Cabe recordar que el ex funcionario Gastón Millicay fue denunciado por el Tribunal de Cuentas de La Provincia, por mal manejo de los fondos administrados en la Coordinación General de la Unidad de Descentralización Administrativa en Chilecito, en relación a los fondos otorgados a O.N.Gs. y subsidios otorgados a personas físicas o jurídicas por parte de la Coordinación y la administración efectuada por las ONG, Asociaciones Civiles y/o personas físicas que recibieron fondos del Estado Provincial.Es por ello que el fiscal solicitó ordenar el “embargo preventivo a los fines de proceder al decomiso”, esta medida recaerá sobre el monto de dinero que asciende a la suma de un millón ciento cincuenta y un mil ochocientos setenta y ocho pesos, con diecinueve centavos (1.151.878,19) que habría sido depositado mediante la operación N°112308010010163200 por un importe parcial de $456.027,89 y a través de la operación N° 12308010010163547 por el importe parcial de $695.850,30, ambas registradas a nombre de Luis Gastón Millicay. En este sentido el juez Martínez manifestó que "una vez consolidada medida, se procederá a depositar dicha suma dineraria bajo el registro de las arcas del erario público provincial, en una cuenta habilitada a tal efecto". La resolución del juez está fundamentada por el artículo 551 del CPP y por la Convención Interamericana contra la Corrupción (aprobada por ley 24.759) y por la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción (aprobada por ley 26.097), que fomenta la implementación de recuperación de los activos producto de la corrupción.