POR LA ESTAFA CON VIVIENDAS LA JUSTICIA COMENZÓ A LIBRAR LA ORDEN DE DETENCIÓN DE "DAMNIFICADOS".

La fiscalía que investiga la venta de viviendas sociales, solicitó al juez Alejandro Arce que disponga el inmediato arresto de quienes resultaron damnificados en la causa, porque no han concurrido aún a prestar declaración testimonial en el expediente. En total, el juzgado libró 72 órdenes de detención y ya fueron apresados cuatro, dijeron fuentes de la investigación, quienes indicaron que los arrestados son Carlos Romero, Roque Azcurra, José Albarracín y Esteban Reinoso. Los detenidos podrían ser culpables o simples compradores de supuesta buena fe. La medida que dispone los arrestos tendrá vigencia hasta tanto se tome la declaración testimonial de los involucrados. Muchos de ellos no asisten ante la justicia por temor a ser procesados por el delito de cohecho, que se configura en los casos de pago de coimas para obtener algún beneficio ilegal. Incluso la fiscalía está investigando casos en las que reconocidos profesionales y empresarios adquirían las casas como una inversión, las remodelaban y luego las ponían en venta o alquiler. A todo esto, un particular denunció penalmente el jueves a la licenciada Mercedes Torres Brizuela, quien ocupa un cargo ejecutivo en la Administración de Vivienda. El damnificado se identificó como Francisco Bustos y radicó la denuncia ante la Fiscalía General. Dijo que la nombrada funcionaria le pidió 3 mil pesos para incluirlo en la lista de adjudicatarios.