La Secretaría de Trabajo provincial, junto a RENATEA y la Unidad de Trata de Personas, inspeccionaron las instalaciones de la firma olivícola PROMAS S.A. Se constataron serias deficiencias en las condiciones de habitabilidad de los obreros, por lo que se emplazó a cumplir con las exigencias vigentes. Las autoridades de Trabajo, dependiente del Ministerio de Gobierno, encabezadas por su titular, Myriam Espinosa; junto a la titular local del RENATEA, Ana Córdoba y el comisario Vicente Garrot, de la Unidad de Trata, visitaron ayer la empresa ubicada sobre la ruta provincial 25, para verificar las condiciones de higiene, seguridad y de registro de los trabajadores contratados de forma temporal, para la cosecha del olivo. La funcionaria provincial, precisó a través de Prensa Oficial que se dispuso intimar a la empresa a que realice urgentes mejoras, y sostuvo que “deberá ajustarse a la normativa vigente”, tras lo que puntualizó que desde el gobierno, junto al gremio UATRE y RENATEA, “se trabaja para evitar estas situaciones, pero hay empresarios que al día de hoy, evitan cumplir las leyes o las quieren cumplir desde su conveniencia”. En lo que hace a la finca, explicó que se la intimó a que hoy realizara diferentes mejoras, como instalación de más cocinas, canillas, entre otros elementos. En tanto, que en lo que hace a los albergues de los trabajadores fuera de la finca, se le exigió a la firma olivícola que traslade, de forma urgente, a los que estaban ubicados sobre la calle Benjamín Matienzo y se le dio 24 horas para que se solucione la situación de los trabajadores del albergue restante, ubicado en calles aledañas al primero. Además, precisó que a esta misma empresa se la obligó a pagar lo acordado a más de 50 trabajadores, y el costo del boleto hasta sus lugares de origen. Myriam Espinosa, destacó que desde el área estatal a su cargo, tienen a cargo el control de las condiciones de higiene y seguridad de las instalaciones y el registro de los trabajadores. “Está en vigencia la Resolución 839 del año 2011, que establece que las empresas nos deben dar el aviso del comienzo de las tareas de cosecha, con el fin de poder venir antes que ingresen los trabajadores, verificar estas condiciones y que se puedan hacer las mejoras si es que son necesarias”, indicó. La titular de la Secretaría de Trabajo, sostuvo que en el caso de esta empresa, la última vez que se la visitó fue el 18 de febrero, junto a la gente del área de Trata de Personas y del gremio rural UATRE. “En esa ocasión, se encontraban unos 70 trabajadores”, resaltó y agregó que “tenemos precisas instrucciones del ministro de Gobierno, Felipe Alvarez, de hacer respetar y cumplir todas las normativas vigentes, además se le eleva un inmediato informe de todas las actuaciones que efectuamos, tanto en la capital como en el interior”. Espinosa señaló que ayer “tomamos conocimiento, por medio de la delegada provincial del RENATEA, Ana Córdoba, quien se habían hecho presente los días domingo y lunes, en uso de sus facultades y había comprobado que el albergue no contaba con las condiciones necesarias para su habitabilidad. Nos dieron parte de eso y por ello, estamos comprobando esas insuficiencias”. En tanto, el comisario Vicente Garrot, de la Unidad de Trata de Personas de la Policía de la Provincia, se refirió a las inspecciones que se realizan en distintas fincas de la provincia, en donde trabajadores rurales levantan la cosecha de uva y aceituna. "Nosotros venimos realizando, en forma conjunta con la Secretaría de Trabajo, las inspecciones en las distintas fincas, tanto en la ciudad capital, como en el interior, donde se lleva a cabo la cosecha de aceituna y de la vid. En caso de detectar alguna anormalidad, la comunicamos de inmediato a la Justicia Federal, en base a la ley 26.364 de Trata de Personas en relación a la explotación laboral", afirmó Garrot. El funcionario policial añadió que la Unidad de Trata de Personas, realiza las inspecciones en las fincas para comprobar si se ha concretado o no algún hecho que configura el delito de Trata de Personas vinculado con la explotación laboral. "De ser así, hacemos las comunicaciones a la Justicia Federal, ya que ellos están al tanto de las inspecciones que venimos realizando", indicó. Finalmente, Garrot destacó que las inspecciones en las fincas se realizan por pedido expreso del Ministerio de Gobierno y del Comando Superior de la Policía de la Provincia. "A estos controles, los hacemos en forma periódica en los meses de enero y febrero, a partir de directivas emanadas del Ministerio de Gobierno y del Comando Superior de Policía de la Provincia y actuamos en consecuencia, de acuerdo con lo que se verifique en cada inspección", remarcó.
LA DENUNCIA ANTE RENATEA
La responsable de la delegación provincial del Registro Nacional de Empleadores y Trabajadores Agrarios, (RENATEA), Ana Córdoba, explicó que “nosotros detectamos la situación, a partir de la denuncia de un sindicato de trabajadores que nos puso al tanto del caso de dos empleados. Uno había tenido un accidente de trabajo y el otro estaba enfermo, pero seguía en relación de dependencia con la empresa, y habían sido abandonados”. Además, agregó que “fueron al Centro de Salud y después la empresa no se hizo cargo, los dejó a la deriva”. Aclaró que los empleados oriundos de otras provincias, “estaban imposibilitados de trabajar, enfermos y totalmente desprotegidos”. Córdoba comentó que “para ponernos al tanto de la situación, nos llegamos a la casa donde estaban viviendo, y nos damos conque había gente que estaba en condiciones de hacinamiento”. Apuntó que “hay gente que duerme en camas que no tienen colchones, que duermen en el piso, en colchones en el patio, porque no hay lugar en la casa; no tienen dónde cocinar; no tienen baño, hay tres baños químicos que no funcionan, y usan de baño un baldío que está al lado; no tienen donde bañarse, se bañan con baldes de agua; duermen hombres y mujeres juntos; y hay menores, por lo tanto, hablamos de trabajo infantil”. También informó que “a partir de eso, nos damos conque había más trabajadores que sufrieron accidentes de trabajo, y de los cuales la empresa no se hizo cargo”. La delegada resaltó que “estamos hablado de una situación muy grave, hablamos incluso, de nueve trabajadores de Santiago del Estero que fueron despedidos, no se les liquidó lo que se les debía, fueron echados sin causa, y no se les pagó la indemnización, y además, se los corrió de donde estaban viviendo. Son nueve personas que quedaron fuera del lugar de origen, sin plata para comer y lugar donde dormir; por eso, lo primero que hicimos, fue contenerlos y hablamos con la empresa para que les pagaran lo que les debían y el pasaje para volver a su provincia”. “Esto trascendió a nivel nacional, porque es escandaloso, hay filmaciones, fotos, y testimonios”, dijo Córdoba. Además informó que “hace 15 días acompañamos una fiscalización del Ministerio de Trabajo de la Nación, y el resultado fue que de 302 trabajadores relevados sólo 67 estaban en blanco, evidentemente, es una política de la empresa trabajar en estas condiciones, maximizar su renta y ganancia, al costo de lo que sea, hasta la propia vida del trabajador”.
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