PARA GABRIEL MARTIN LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAS ONG NO PROSPERAN.

El vocal del Tribunal de Cuentas de la Provincia, Gabriel Martín, confirmó la presentación de Pablo Nieto y Liliana Sotomayor -miembros de la ONG Nexo Global- ante el órgano contralor. Aunque no pudo precisar el carácter de las declaraciones, ya que la investigación se encuentra en instancia de secreto de sumario, se pudo saber que uno de los declarantes habría dicho que, durante la última campaña, hubo un convenio firmado entre la organización de la que participaba y el área de desarrollo Social. Esta persona también habría negado haber endosado cheques que se cobraron durante ese lapso. Martín se mostró muy escéptico en cuanto a la celeridad de la investigación. En este sentido, criticó duramente al poder judicial. “Si la justicia actuara lo tendríamos mas claro”, dijo. Más allá de su escepticismo, arriesgó que la próxima semana podría haber novedades de importancia. El vocal del TCP consideró que, por lo pronto, la situación no complicaría al ministro de Desarrollo Social, Delfor “Pocho” Brizuela. También confirmó que algunos de los fondos cuestionados fueron habilitados por medio del “código 42” que -explicó- es un formulario por el cual se facilita más presupuesto a aquellas áreas que quedan desfinanciadas. Aclaró que esto es facultad exclusiva del Gobernador y de los diputados. En febrero pasado, el titular del Tribunal, Luis Zamora, no descartó que puedan haber existido irregularidades, pero dijo que aún "no se puede hablar" de que hayan existido manejos erráticos del dinero.Sin embargo, puso el acento en fiscalizar "las emisiones de cinco órdenes de pago sin imputación presupuestaria, porque solo una de ellas fue regularizada". Esos pagos se concretaron cuando el entonces gobierno de transición de Luis Beder Herrera asumió el poder -en marzo, tras la destitución de Ángel Maza-. "En esa época nos habíamos quedado sin registro de administración financiera porque dañaron las computadoras y el sistema informático y desapareció documentación", recordó Zamora, al describir los incidentes en Casa de Gobierno el día de la suspensión del ex gobernador. "Por ello, el gobernador autorizó la emisión de órdenes de pago para atender situaciones sociales urgentes. Nosotros ahora queremos saber si esas necesidades fueron atendidas, porque la excepción dispuesta por el gobernador ordenaba regularizar la situación en 90 días", advirtió Zamora en febrero pasado.