El Tribunal de Cuentas de la provincia inició este lunes un juicio administrativo de responsabilidad sobre el contador Cristian Díaz, funcionario del organismo que se desempeña en el Ministerio de Desarrollo Social, dijeron fuentes calificadas del ente de contralor. Según presumen los fiscalizadores, Díaz deberá explicar el destino dado a fondos enviados por el Ejecutivo al Ministerio que encabeza Délfor "Pocho" Brizuela durante el año pasado, cuando estaba vigente la ley de emergencia financiera que permitía invertir recursos sin expediente de control previo.En febrero pasado, el titular del Tribunal, Luis Zamora, no descartó que puedan haber existido irregularidades, pero dijo que aún "no se puede hablar" de que hayan existido manejos erráticos del dinero. Sin embargo, puso el acento en fiscalizar "las emisiones de cinco órdenes de pago sin imputación presupuestaria, porque solo una de ellas fue regularizada".
Esos pagos se concretaron cuando el entonces gobierno de transición de Luis Beder Herrera asumió el poder -en marzo, tras la destitución de Ángel Maza-. "En esa época nos habíamos quedado sin registro de administración financiera porque dañaron las computadoras y el sistema informático y desapareció documentación", recordó Zamora, al describir los incidentes en Casa de Gobierno el día de la suspensión del ex gobernador. "Por ello, el gobernador autorizó la emisión de órdenes de pago para atender situaciones sociales urgentes. Nosotros ahora queremos saber si esas necesidades fueron atendidas, porque la excepción dispuesta por el gobernador ordenaba regularizar la situación en 90 días", advirtió Zamora en febrero pasado.
Ahora, fuentes calificadas del organismo dijeron que la investigación se centrará sobre los procedimientos realizados por el contador Díaz, quien deberá ofrecer pruebas sobre la legitimidad y legalidad de los actos administrativos por los cuales se gastó dinero asignado al Ministerio que conduce Délfor Brizuela.
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