lunes, 27 de diciembre de 2010

LOS EMPLEADOS PÚBLICOS TENDRÁN UNA TARJETA DE CRÉDITO.

Bajo el espíritu de proteger la integralidad de los sueldos de los trabajadores estatales riojanos -sobre lo que viene trabajando desde marzo del 2007-, el gobierno provincial dispuso aplicar un novedoso sistema para mejorar aún más la calidad en la utilización de sus salarios. A partir de comienzos del segundo trimestre del año venidero, se le entregará a cada empleado una tarjeta con la que podrán realizar operaciones comerciales de crédito y/o de débito dentro del 40% de su haber de bolsillo que está autorizado como sujeto a descuentos. El ministro de Hacienda Ricardo Guerra consideró que “el gran resultado de esto será que el empleado va a poder potenciar su salario”, utilizando bien sus recursos con el límite de endeudamiento del 40% de su haber de bolsillo dispuesto por la ley 8.232 con el objetivo de proteger la integridad de los sueldos de los empleados públicos provinciales y municipales. Además, resaltó que también se verán beneficiados los acreedores y/o comercios, porque tendrán certeza de cobro, a partir que el sistema asegura el cobro de todo lo que esté incorporado dentro del cupo del 40% hasta que termine todas sus cuotas. Guerra explicó que la aplicación del procedimiento que comenzaría a regir a principios de abril próximo, no tiene costo para el Estado provincial, por cuanto el sistema será operado por una empresa que aportará la tecnología necesaria, lo que será retribuido con una comisión mínima que se le retendrá a los comercios y/u organizaciones que adhieran (mutuales, sindicatos, cooperativas y todas las entidades adjudicatarias de códigos de descuentos). Recordó el ministro que con el dictado de la ley 8232, por la cual se declara de interés provincial la protección de la integralidad de los sueldos de los empleados públicos provinciales y municipales, se produjo un gran reordenamiento de todos los descuentos que se practicaban sobre los salarios a través de los códigos de descuentos que tenían asignados entidades de distintas características, como mutuales, cooperativas, entre otras. No los comercios en forma directa, sino a través de estas entidades. El gran punto de este primer avance de ordenamiento significó acotar a un máximo del 40 % del haber de bolsillo de los agentes como sujeto a descuentos a través de los códigos. Esto permitió que muchos de los agentes  volviesen a cobrar parte de su sueldo al menos, porque al momento de asumir este gobierno (marzo de 2007), “nos encontramos con empleados a los que se les descontaba todo su sueldo, incluso avanzaban sobre el salario familiar, una cosa totalmente ilegal”. Entonces, se decidió en forma inmediata el tope del 40% sobre el haber de bolsillo y esto permitió que esos empleados vuelvan a cobrar el sueldo y el salario familiar íntegro. Posteriormente, se dispuso el pago del adicional no remunerativo denominado Quincenita, libre de descuentos. “Esto se decide al comprobarse en el primer mes de gobierno de Beder Herrera que había agentes estatales que no cobraban nada”. Más allá de ser la Quincenita un beneficio general, se le impuso la característica de que no sea sujeto a descuentos con el objetivo que llegue al bolsillo de los empleados. Entonces, con el ordenamiento se fijó un tope del 40%, el trabajador volvió a percibir parte de su sueldo, el salario familiar íntegro y también la quincenita completa. El otro punto de ese reordenamiento fue reempadronar a todos los titulares de códigos. Eso significó asignar un código por cada titular, quienes debían cumplir con todos los requisitos legales. El reordenamiento resultó muy positivo por cuanto se produjo un automático blanqueo de los poseedores de códigos de descuentos. “Hubo códigos que no se reempadronaron, en virtud de que sus titulares no pudieron demostrar legalmente lo que decían ser”, dijo el ministro. Eso permitió una validación de los códigos que se reempadronaron, se limpió el registro y, a partir de este ordenamiento, quienes cumplían con todos los requisitos accedían al código que se resolvía con el dictado de un decreto. Esto significa que los códigos son otorgados con la firma del gobernador mediante un decreto del Ejecutivo. Posteriormente, en virtud de un proyecto del Ejecutivo, se sanciona la Ley 8.769 que perfecciona la anterior, con el objetivo de brindarle una mayor calidad en la utilización del 40% sujeto a descuento, siempre con el fin de beneficiar al trabajador.Con este nuevo sistema se le va a entregar a cada empleado una tarjeta incorporada a un sistema con todos los datos personales, que va a operar en la práctica como si fuera una tarjeta de crédito y/o una tarjeta de debito, con el margen de ese 40% de haber de bolsillo. A través de esta tarjeta, el titular podrá hacer compras a crédito y, si tiene margen dentro del 40%, podrá utilizarla como tarjeta de débito. Si no tiene margen, no podrá endeudarse hasta tanto se le libere algún cupo. Esto le dará seguridad al acreedor, porque a través de este mecanismo el cupo que utilice lo tendrá asegurado en el cobro hasta que cancele su deuda. Una vez que el empleado canceló esa deuda, se le libera ese margen y recién ahí podrá ingresar otra. Este procedimiento fijará también el límite de costos financieros, el que involucra la tasa de interés de financiamiento ya sea de un electrodoméstico, de un préstamo personal, etc., pero a su vez con el agregado de comisiones, todo eso suma a la tasa de interés y eso va al costo financiero total.El ministro Guerra explicó que se fijarán topes, “algo razonable, algo pactado, las tasas que maneje el mercado de modo que cualquier institución intermedia o financiera en general que pretenda un costo financiero por encima de lo fijado como tope, no va a poder ingresar ese costo en el sistema”.Agregó que para ello se hará un relevamiento de las tasas, de los costos financieros de mercado, se preverán los costos reglamentarios y normales como pueden ser comisiones de consignación, una serie de aditamentos que están totalmente reglados. “Cualquiera que pretenda cobrar por encima de eso, el sistema lo va a rechazar automáticamente”, afirmó. Indicó que este mecanismo va a permitir ordenar aquellos casos de personas que tienden a tener un comportamiento excesivo en endeudamiento. “Eso significa que si no tiene cupo no se va a poder endeudar a través de este mecanismo; obviamente queda el remanente de su sueldo para administrarlo a su manera”, explicó Guerra.El Estado, como patronal del agente, no tiene porqué involucrarse en el manejo de los salarios, pero bajo este mecanismo el Estado facilita estas operatorias para acotar los endeudamientos en exceso. El gran resultado de esto es que el empleado va a poder potenciar su salario, que es lo mismo que cuando se administra correctamente una tarjeta de crédito de las tantas que existen en el mercado. “Bien administrada, repotencia el salario, pero mal administrada, puede incurrir en problemas; además, tiene la figura de la tarjeta de debito, cuya condición es que si tiene margen puede endeudarse y si no, no. Es ese doble juego, que pueda hacer uso con el crédito pero a su vez tenga el límite al endeudamiento, porque si no tiene cupo no pueda tener crédito.Desde el punto de vista del acreedor o del comercio también se verán beneficiados porque tendrán certeza de cobro; el sistema asegura el cobro de todo lo que esté incorporado dentro del cupo del 40% hasta que termine todas sus cuotas. Además, los empleados podrán realizar operaciones de compras directamente en los comercios, evitando la intermediación de otras entidades, lo que le brinda un mayor beneficio al trabajador. Cada usuario de este mecanismo va a tener acceso a la información que necesita y obviamente la provincia a través del área de Hacienda va a monitorear en forma permanente el sistema, para saber si las cosas van funcionando bien. Consideramos que aparte del beneficio que tiene el empleado, los acreedores van a tener un real beneficio porque van a tener certeza absoluta de los cobros por este sistema, que con el mecanismo que tenemos vigente es muy errático. Justamente faltaba incorporar tecnología, que es lo que vamos a hacer ahora. Al tener esa certeza, al comercio o la organización que vaya adhiriéndose, se le va a retener una mínima comisión que va a ser en definitiva la retribución que va a tener la empresa, por lo que la provincia no tendrá ningún costo con la operatoria. Guerra indicó que al funcionar el sistema en forma muy racional, puede provocar un efecto multiplicador, repotenciar las ventas de los comercios locales, no solo por las propias personas que ya usan estos mecanismos, sino también para una cantidad importante de agentes públicos que no usan estos sistemas de compra por estas operatorias, porque no les interesan o no les resultan claras. Con esta tarjeta y un cupo para usar y repotenciar su salario, consideramos que muchos agentes van a comenzar a usarla y eso va a generar mayores ventas.

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