Puntualmente, el Consejo de Abogados y Procuradores, a través de su titular, Gustavo Romero, solicitó que la Justicia Federal local declare inconstitucional la aplicación de la reforma del Consejo de la Magistratura, ente que designa y remueve jueces, la cual supone que los consejeros del órgano sean designados por voto popular. A nivel país, también hubo una gran cantidad de amparos en este sentido. Denuncian que esta norma perturba de modo nítido y grave la independencia del Poder Judicial. Organizaciones, dirigentes políticos de la oposición y ciudadanos comenzaron a presentar en las últimas horas acciones de amparo para impedir la aplicación de la polémica reforma del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar y remover jueces, impulsada por la presidenta Cristina Kirchner. La reforma, uno de los seis proyectos de ley de ‘democratización de la Justicia’ aprobados por el Congreso este año, supone que los consejeros del órgano sean designados por voto popular, lo que, según dirigentes de la oposición, hará que quien gane la elección pueda controlar a los jueces a su antojo y voluntad. La ley 26.855 fue publicada el martes en el Boletín Oficial, momento desde el cual comenzaron a llegar los recursos para que la Justicia frene la aplicación de la norma. Por esta razón, al igual que lo que sucede en distintos distritos del país, los representantes de los profesionales abogados y procuradores de La Rioja se presentaron en la Justicia Federal pidiendo que se declare la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura sancionada por el Congreso. El presidente de la entidad que nuclea a los letrados, Gustavo Romero, informó que en la oportunidad se presentó un amparo contra la nueva constitución y elección del órgano de magistrados. En el mismo sentido se expuso una medida cautelar, que esperan sea resuelta inmediatamente con el juez actuante. En el caso que la respuesta sea negativa, Romero anunció que expondrá las instancias de apelaciones necesarias, aunque dijo que “creemos que la acción debe tener un resultado favorable”. La estrategia de quienes se oponen a la reforma K fue diversificar el reclamo e inundar los juzgados federales de denuncias, en busca de jueces que dicten medidas cautelares suspendiendo la elección de los consejeros hasta que se resuelva la cuestión de fondo. De acuerdo a la nueva ley, las candidaturas a consejeros irán adosadas en las boletas partidarias a continuación del tramo de legisladores nacionales y antes de los cargos provinciales y distritales. En el decreto 577 se establece que a la cabeza de la boleta deben figurar los 6 académicos (tramo donde podrían ir figuras políticas) seguidos de los jueces y abogados.
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