El fiscal general Hugo Montivero informó sobre las conclusiones a las que todos los fiscales, procuradores y defensores generales del país, junto a especialistas en el tema, arribaron en el primer Congreso de Narcocriminalidad que se realizó en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.En el mismo se abordaron diferentes ítems como la desfederalización de delitos relacionados con el narcotráfico, manifestando en una declaración escrita y pública que es necesaria “la adhesión de todas las provincias a la desfederalización de delitos relacionados con la droga, puesto que ello permitiría una eficaz política de persecución penal confrontando el narcotráfico a través de una similar presión en todo el territorio nacional”.Además se debatió y analizó el uso de nuevas drogas junto a sus efectos sobre las personas y cuáles son los efectos que el narcotráfico produce en los países de Latinoamérica.El congreso se desarrolló durante los días 20, 21 y 22 del corriente mes y fue organizado conjuntamente por la Fiscalía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la Argentina y el Consejo Federal de Política Criminal.En este marco, conscientes de la gravedad e importancia que reviste la problemática del narcotráfico, ambos Consejos emitieron una declaración pública donde expresaron que los titulares de todos los ministerios públicos del país consideran que “es indispensable pronunciarse sobre el modo en que se lleva a cabo la gestión judicial respecto de los delitos relacionados a las drogas”.Asimismo en su declaración entendieron que la solución de este problema demanda una reacción urgente, que empiece por “decir lo que hay que decir, en particular aquello para lo que mañana será demasiado tarde”. Por lo que indicaron —en el documento— que “es necesaria una férrea y estable política de Estado sobre el tema”.Advirtiendo que la actual gestión judicial de los delitos de tráfico de drogas en el ámbito federal conduce a la impunidad del llamado “narcomenudeo o microtráfico”, que es el vínculo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico con la comunidad, ya que la justicia federal se ha visto imposibilitada de abordar esta clase de delitos.En este sentido, indicaron que esta situación puede revertirse aprovechando la fortaleza de los ministerios públicos fiscales de las provincias para la persecución del narcomenudeo, atento a la superioridad científica –por los complejos laboratorios de que disponen- y su mejor distribución territorial. Es por ello que calificaron como una “exitosa experiencia” la que tienen algunas provincias argentinas que adhirieron a la desfederalización para confrontar el tráfico de drogas de menor envergadura, revelando que en dichas provincias se exhiben importantes logros en condenas de los vendedores de drogas, y no se han concentrado en la persecución de consumidores, quienes son convocados al proceso solamente como testigos y no como imputados.De esta manera consideraron que es imperioso que esta decisión se adopte en todas las provincias de Argentina, y coincidieron que la justicia provincial y la justicia federal deben ejecutar actividades coordinadas y efectivas, teniendo en cuenta experiencias de otros países como Estados Unidos de Norteamérica, donde se han adoptado modelos de intervención conjunta más flexibles -que el vigente en nuestro ámbito- que pueden ser considerados para revisar el modelo de desfederalización argentino.Finalmente, instaron a las autoridades competentes que provean el aporte económico que la ley establece de manera expresa a las provincias adheridas al denominado sistema de desfederalización, previsto en la Ley 26.052 para “fortalecer la actividad de las que ya ingresaron a este régimen y hacer más previsible la situación de las que aún deben incorporarse, para lograr efectos contundentes contra la expansión de la narcocriminalidad”. Cabe destacar del congreso participaron autoridades nacionales como el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Germán Garavano; el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el presidente del Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina, Mario Bongianino; y el presidente del Consejo Federal de Política Criminal, Pablo López Viñals. También participaron exponentes internacionales como Rommel Moreno Manjarrez, titular de la Unidad para la Implementación del Sistema Penal Acusatorio de la Procuraduría General de la República de México; Marcelo Batlouni Mendroni, Fiscal en Materia Penal del Ministerio Público del Estado de San Pablo, Brasil y Michael Tooley, Agente Especial de la DEA de la Embajada de los Estados Unidos, que destacaron sus experiencias y disertaron sobre los efectos que el narcotráfico produce en los países.
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