CHILECITO: FISCAL CONTRADIJO A GALVÁN EN CAUSA AGROANDINA.

El funcionario judicial aseguró que solicitó el archivo de la causa y fundamentó su resolución que compartió con la fiscal Analía Alcaraz. El fiscal contó que “en noviembre pasado los doctores Galván, Raúl y Gustavo, presentaron denuncia ante la Fiscalía en contra del señor Gobernador de la Provincia, por los delitos de malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con las funciones públicas”. Ante eso “por resolución 280, emitida por el fiscal general de la Provincia, se dispuso que este agente fiscal junto a la fiscal Analía Alcaraz, se aboquen al conocimiento de la denuncia para dilucidar los hechos denunciados”.Tras el análisis de la causa “llegamos a la conclusión de que no se reunieron los requisitos típicos, ni objetivos ni subjetivos, de los delitos que se pretenden atribuir, existieron falencias graves en la redacción de la denuncia y no se acredita ninguna apariencia de dichos delitos y mucho menos en lo referido al incumplimiento de una ley de Etica Pública que no contiene en todo su texto ningún tipo de sanción penal, es de tinte administrativo, por lo tanto nos declaramos incompetentes para dictaminar sobre el incumplimiento de esta ley”. En relación a las figuras delictivas “consideramos que no se cometió la acción típica de la malversación de caudales públicos, porque no existió una apropiación definitiva de caudales o efectos públicos con el quebranto para arcas públicas que dicho comportamiento delictivo importa, no hubo una acción de sustracción y la jurisprudencia nos enseña que el caso típico es, por ejemplo, un cajero de una entidad bancaria que se apodera de sumas dinerarias por motivo del ejercicio de sus obligaciones laborales, esto no se da, los caudales públicos se refieren a dinero o valores y la teoría de riesgo nos enseña que los bienes del Estado destinados al comercio o industria no tienen el carácter de caudales públicos, por lo tanto corresponde desechar esta figura”. Respecto de las negociaciones incompatibles con las funciones públicas, “la misma se da cuando un funcionario público en ejercicio de su cargo, se interesa en alguna operatoria o negocio comercial, que significa que ese funcionario se apersona a la oficina donde tiene lugar esa operatoria y le dice a la persona encargada del Estado de la operación o intenta agilizarla, todo en función de su cargo, todos estos requisitos no se cumplimentan. La persona que comete este delito tiene que tener una doble condición, por un lado debe interesarse en esa operación en su condición de funcionario público y de particular por otro, para tener un beneficio propio, requisito que no cumplimenta, ya que la persona denunciada no se interesó en ningún momento por una operatoria en su doble conducta, por lo tanto se debe pedir al juez el archivo de la causa y desestimar la denuncia penal, que es lo que se hizo, y ahora se espera la resolución del juez”.