La empresa salteña MIDAIS, que realizaba trabajos en el río Blanco de Angulo (departamento Famatina), denunció penalmente a “ambientalistas” por daños ‘devastadores’ en el campamento y amenazas con arma de fuego a los empleados de la minera. El hecho se produjo en reiteradas oportunidades y el lunes último, los daños devastaron el campamento cuando alrededor de 35 ambientalistas, causaron destrozos en el predio que la minera posee en cercanías de la localidad de Angulo, e impidieron que los trabajadores de la empresa realicen su trabajo. La denuncia fue confirmada por el juez de Instrucción de Chilecito, Marcelo Carrizo, quien aseguró que “fueron dos las presentaciones realizadas por la empresa”. En diálogo con los medios, el magistrado sostuvo que “está todo en secreto de sumario, por lo que son pocos los datos que se pueden brindar sobre la denuncia, una fue el 15 de abril y otra el 18, con una ampliación con nuevos hechos, motivo por el cual el fiscal elevó un sumario”. Agregó que “son muchas personas las involucradas y la denuncia afirma que hubo daños, y son contra un grupo numeroso que se las denomina ‘ambientalistas’, aparentemente hubo un hecho el 15 y otro el 18”. Respecto de la pruebas del hecho, Carrizo expresó que “me han informado que hay filmaciones y fotografías, por lo que encargué a la Policía que haga un croquis del lugar exacto donde se produjeron los hechos, identificación de personas, entre otras cosas. Cuando tenga todos los elementos probatorios que se está recolectando, teniendo en cuenta que hay un sumario y una denuncia, tomaremos las medidas correspondientes”. Sobre la consulta si dentro de los denunciados habrían funcionarios del municipio de Famatina, el juez dijo que “la denuncia se refiere sobre personas que aparentemente ocuparían alguna función pública”. Por su parte, el abogado de la empresa salteña MIDAIS, Daniel Adolfo Luna, visitó EL INDEPENDIENTE para hacer pública la denuncia presentada en Fiscalía de Chilecito a cargo de Diego Torres Pagnussat, contra más de 35 asambleístas denominados antimineros, todos identificados, que el lunes provocaron destrozos en el campamento que la minera instaló en Angulo, localidad del departamento Famatina, al oeste de la Provincia.
LOS DENUNCIADOS:
Entre los denunciados, penal y civil, se encuentran la diputada provincial Lucía Avila; el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray; el cura, Omar Quinteros; la viceintendenta de Famatina, María José Mercado; Hugo Leiva, Edmundo Leiva, Paula Ríos, Pablo D’alesandro, Walter Alvárez, Carina Díaz Moreno, Iván Olmedo, Erica Nieto, Leandro Gaitan, David Torres, Florencia Torres Martínez, Ernestina Juárez, Alberto Godoy, Andrea Cuevas, Walter Ruarte, Perla Dávila, Héctor Artuso, Rolando Galleguillo, Marcela Crabbe y Santiago Mercado, “entre otros asambleístas autores intelectuales de todo lo sucedido”, afirmó el abogado de la empresa.El representante de la empresa confirmó que se realizaron tres denuncias y presentación en la Justicia provincial, por los hechos ocurridos los días 15, 18 y 20 de abril y un amparo en la Justicia Federal por “privación ilegítima de las personas”.Las denuncias fueron argumentadas por “amenazas de muerte con armas de fuego”, de acuerdo a los empleados y encargados del lugar, que habrían sido amenazados y conminados por los asambleístas a que abandonen el campamento, “bajo amenaza de muerte con arma de fuego”, acotó el abogado.Explicó, Luna, que en la primera vez que los asambleístas se hicieron presente en el campamento, se había acordado que el día 2 de mayo realicen una visita y constaten con especialistas y técnicos todas las tareas de la empresa, además de hacer una asamblea popular en la Plaza, “pero volvieron el día 18 con vehículos y con más gente nuevamente amenazando a los empleados”. Recalcó el letrado que tiene las pruebas, fílmicas y fotográficas, suficientes de todas las personas que produjeron los daños en el campamento, y reiteró que “vieron que estaba todo en regla, que no se utiliza el agua como ellos decían y no se afecta al ambiente como denuncian, por eso procedieron a dañar todo y amedrentar a los empleados que dejen el lugar y retiren las máquinas”. Confirmó Luna, que los asambleístas rompieron maquinarias y todas las instalaciones del campamento, generador de energía y demás instalaciones. Por ello, también solicitaron a la Justicia, seguridad y protección para las otras maquinarias, para los empleados y para el personal jerárquico de la empresa. Por último, el letrado consideró que lo sucedido estaría vinculado a la falta de información por parte de los autores intelectuales, “a ninguno se le ocurrió interiorizarse in situ de las tareas que realizaba la empresa, directamente fueron a la violencia y cuando se les explicó no tuvieron más argumentos y procedieron a la violencia”.
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