QUEDÓ FIRME PROCESAMIENTO DE BELLIA EN LA CAUSA AGROANDINA.

Finalmente la Cámara de Apelaciones con sede en Chilecito rechazó el recurso promovido por la defensa del ingeniero Luis Bellia, y confirmó su procesamiento por la causa Agroandina. De este manera el proceso instructorio estaría llegando a su final y estaría próximo a elevarse a juicio. En la jornada de ayer se conoció que el ex presidente de Agroandina Sapem quedó procesado por los delitos de Administración Fraudulenta Agravada, Balances Falsos y Actos Indebidos; junto a la ex vicedirectora de la empresa María Clarisa Artola. Esto se en razón de que el juez de Cámara Rodolfo Rubén Rejal no hizo lugar al recurso de apelación presentado por los doctores Raúl y Gustavo Galván, quien ejerce la defensa de Bellia. Según informaron fuentes judiciales, ya fueron notificada la fiscal de Cámara, Analía Alcaraz, por lo que prontamente se espera que el expediente regrese nuevamente al juzgado de Instrucción del juez Marcelo Carrizo, para que éste decida si cabe la posibilidad de sumar más pruebas, tanto documentales como testimoniales, o si la instancia está agotada y directamente pasará vista al fiscal Diego Torres Pagnussat para la elevación de la causa a juicio. En octubre del año próximo pasado, el juez de instrucción Marcelo Carrizo resolvió “ordenar el procesamiento de José Luis Bellia y Mariza Clarisa Artola, por considerarlos “prima facie” penalmente responsables como presuntos coautores de múltiples y reiterados hechos descriptos dentro de la característica unidad de acción de delitos de Defraudación por Administración Fraudulenta o infiel agravada por ser en perjuicio de la administración pública, en condición de socio mayoritario de Agroandina SAPEM”. Asimismo “dictó el acto de procesamiento sobre Bellia y Artola por considerarlos en primera instancia penalmente responsable como presuntos coautores del delito de Balance falsos” y también “otorgamiento de actos indebidos”. En esa oportunidad a ambos imputados se les dictó la falta de merito en el delito “Falsificación y adulteración de documentos” y se les trabó embargo por un millón de pesos.