martes, 10 de octubre de 2017

PREOCUPACIÓN PROVINCIAL POR LA APATÍA NACIONAL CON LAS OFICINAS DE EMPLEO

La queja quedó plasmada en un documento que firmaron representantes de las provincias, entre ellas la subsecretaria de Empleo, Silvia Amarfil, durante la Jornada Regional de Políticas de Empleo del NOA y, que explotó en el Consejo Federal del Trabajo que se realizó en Posadas, Misiones. En el acta que firmaron también Catamarca, Santiago del Estero, Salta y Tucumán, entre otras, solicitaron al ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Jorge Triaca, por nueve puntos concretos, entre ellos disponer de vacantes para líneas como Construir Empleo o Trabajo Autogestionado, ya que "las personas que se asignan a dichos programas son propuestos por organizaciones sociales". La queja unánime terminó con el reconocimiento del secretario de Empleo, Miguel Ponte, sobre la poca articulación con los gobiernos provinciales. Sobre el primer punto, el argumento es que sobre una inversión proyectada de 6.000 millones de pesos, este año alrededor de un 40% de ese presupuesto terminará en programas de asistencia social, cuando deberían por la ley 24.013 destinarse a iniciativas que fomenten la creación de empleo y la capacitación laboral. Estos montos no contemplan los que destina el Ministerio de Desarrollo Social, más generosos aún, ya que en los últimos dos años se han quintuplicado las altas de beneficiarios de Argentina Trabaja o Ellas Hacen. "Si se criticaba al gobierno anterior de ser ‘planero’, este ya ha triplicado el número y se encamina a seguir en la misma línea de contención social, reasignando fondos que deberían ser destinados a otras funciones", advirtieron. En el marco de Trabajo, de 541 mil beneficiarios, 140 mil fueron de organizaciones sociales, además de unas 200 mil personas con acciones de sostenimiento del empleo (el más importante, el programa Repro, contiene a unas 60 mil personas). Las planillas también muestran que las transferencias directas a organizaciones sociales pasaron de 120 millones de pesos en 2015 a 900 millones de pesos en 2017. Agregaron además que "un tema preocupante en las provincias es la falta de respuestas a la población juvenil, donde el desempleo triplica al total, y quienes ingresan a programas no cuentan con prestaciones permanentes, como cursos o emprendimientos, que debe garantizar el Ministerio de Trabajo de la Nación”.“Por lo tanto, quedan afuera de poder mejorar sus competencias en la búsqueda laboral, con las consecuencias sociales que implica la exclusión”, sostiene el documento. Las provincias reclaman participación, manifiestan que se está incumpliendo con los derechos y obligaciones establecidos por la Ley Nacional de Empleo. Desde un distrito que no es Cambiemos ni PJ, confirmaron el pedido. “Planteamos que hay que coordinar esfuerzos, y eso no se está haciendo. Los programas los maneja directamente Nación también a través de reparticiones en los municipios. No se está trabajando en conjunto”, reclamaron. El acta del NOA según publican varios medios gráficos nacionales exige el “cumplimiento estricto de los convenios marco firmados entre los gobernadores de las respectivas provincias con el ministro de Trabajo para la elaboración conjunta y coordinada de los planes operativos”. Asimismo, solicitan que de no requerir la intervención de las provincias, un documento exprese los roles de las secretarías de Empleo locales.
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