lunes, 15 de diciembre de 2008

OCAMPO RATIFICÓ LAS MEDIDAS DE FUERZA EN EL MUNICIPIO DE CHILECITO.

Normando Ocampo, secretario general de ATE Chilecito, se refirió a los nueves meses que llevan de paro los empleados municipales y aguardan "un compromiso público" realizado por el intendente Lázaro Fonzalida. Ocampo informó que desde el Municipio chileciteño "no hemos recibido ninguna propuesta de pago", pero asumiendo además que "si no hay ingresos el ejecutivo municipal no puede pagar" por lo que "nosotros vamos a seguir de paro, porque es la única herramienta que tenemos", marcando como un logro que se respete el derecho de huelga, que el municipio lo respete de forma irrestricta como hasta hoy donde los trabajadores no han sufrido ninguna consecuencia". Pese a que reconoció que "hay una calidad institucional en el sentido que no se ejerce represión sobre los trabajadores", Ocampo cargó sobre la relación del Municipio con el gobierno provincial. "Nosotros no vamos a levantar la medida, tenemos entendido que el intendente (Lázaro Fonzalida) ha ingresado a la municipalidad en la misma lista del gobernador Luis Beder Herrera, así que entre ellos deberán arreglar los conflictos que tengan, porque los trabajadores no pueden ser "la mortadela del sándwich". Ocampo reflexionó: "Acá debe haber una solución porque son tres mil familias, porque había un compromiso de pago por parte del intendente, y si esto no se puede cumplir por que el gobierno provincial no asiste al intendente, es un tema que debe arreglarse en lo estrictamente político/institucional, pero no pueden dirimirse los problemas del partido dentro del municipio". Y fue más allá al sostener que "sabemos que el gobernador está obligado a asistir a los municipios con los convenios de asistencia financiera y si no lo hace el intendente tiene que levantar su voz, como lo hacen los intendentes a los que se le niegan fondos". Y concluyó: "Nosotros estamos exigiendo tanto al doctor Fonzalida como al Concejo Deliberante que cada uno haga lo que le corresponda, porque es un compromiso adquirido con la ciudadanía a la que se le ha planteado en forma pública que este gobierno se iba a hacer cargo del pago de la recategorización".

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