La semana que viene el Gobierno presentará la denuncia penal contra Aguas de La Rioja. Así lo confirmó el fiscal de Estado Gastón Mercado Luna quien adelantó que la Fiscalía está terminando de analizar todos los informes elaborados por la intervención, por el EUCOP y las auditorías para finalmente presentar la denuncia contra la ex concesionaria del servicio de agua potable. El Fiscal de Estado agregó que si bien aún no está definida la figura penal en la que se encuadrarían las irregularidades cometidas por la empresa, todos los informes presentados contra Aguas de La Rioja apuntarían a configurar el caso como una defraudación a la Administración Pública. El funcionario detalló que el expediente que está terminando de ser analizado por la Fiscalía de Estado cuenta con 14 cuerpos. "Estamos terminando de estudiar todo el expediente y los informes presentados y preparando que las pruebas estén presentes en cada uno de los hechos relatados en esos informes. En el transcurso de la semana que viene haremos la presentación judicial", aseguró Mercado Luna. La denuncia penal que presentará la Fiscalía de Estado se hará sobre la base del decreto que determinó la rescisión del contrato de concesión del servicio de agua potable y cloacas que prestaba Aguas de La Rioja en Chilecito, Chamical y en la ciudad Capital. Días atrás, Mercado Luna había adelantado que los informes elaborados por la Unidad Operativa que mantenía intervenido el servicio, por el EUCOP y las auditorías realizadas por la UCI y la Secretaría del Agua describían en forma puntillosa e inapelable todas las irregularidades cometidas por la empresa. El funcionario también había anticipado que pedirá a las áreas correspondientes un informe en el que se cuantifiquen las pérdidas ya que el Estado buscará un resarcimiento económico por los perjuicios sufridos a partir del comportamiento de la firma. "Había perforaciones abandonadas fuera de servicio, por lo que se puso en riesgo el servicio. Y también hay que tener en cuenta la situación de Chamical donde directamente se puso en riesgo a la población", había dicho Mercado Luna. En una nota anterior, el Fiscal de Estado había destacado que bajo la excusa de que el servicio no le era rentable la empresa pedía adelantos y actualización de tarifas al Gobierno, sostenía subsidios y hasta admitía que funcionaban con ese extra que le pasaba el Gobierno. "Todo eso era dinero fresco que les ingresaba del Estado pero ellos no cumplieron con sostener un servicio operativo, ni con garantizar los estándares de salubridad del agua y respondieron con un abandono del servicio", había cuestionado el Fiscal.
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