Con la firma de los diputados Julio Martínez, e Inés Brizuela y Doria, ingresó ayer en la Cámara Baja, el proyecto solicitando la medida que prevé la Ley de Educación Superior, “para garantizar el normal funcionamiento”. “Existe un conflicto insoluble que hace imposible que continúe la tranquilidad”, explican los fundamentos. La legisladora expresó ayer que “están dadas las causales, para que el Congreso de la Nación, disponga la intervención a la Universidad”. “Una de esas causales, es que debe haber un conflicto insoluble dentro de la institución y ésta es una situación imposible de superar a través del dialogo”, explicó la diputada. La presentación invoca el artículo 30 de la ley 24.521, que rige a las Universidades, el proyecto presentado por los diputados nacionales, solicita que se disponga la inmediata caducidad de los mandatos del rector, vicerrector, decanos, Consejo Superior y directivos. La iniciativa, prevé que el Poder Ejecutivo Nacional, designe –con acuerdo del Senado–, un rector interventor que tendrá la atribución de, entre otras cosas, convocar a la Auditoría General de la Nación, para auditar la institución intervenida. “Fuimos respetuosos de las decisiones de los alumnos, docentes, co-docentes, para no contaminar esta lucha, que es de ellos, de nadie más, y desde que empezó esta lucha, nos pusimos a disposición, para articular acciones con las herramientas que hoy tenemos desde la banca que ocupamos”, aclaró Brizuela y Doria, tras la presentación. Luego explicó que, “hoy, por mandato de la asamblea de estudiantes y docentes autoconvocados, asumimos el compromiso de pedir Intervención de la UNLaR, tal como lo prevé la Ley de Educación Superior, a fin de garantizar su normal funcionamiento”.
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