Con el objetivo de fortalecer las políticas de inclusión social, garantizar los derechos y contribuir a la mejor calidad de vida de las personas con discapacidad, el gobierno provincial, en una acción conjunta entre los Ministerios de Infraestructura y de Desarrollo Social, se amplió al 7 por ciento el cupo de viviendas –por cada programa habitacional- que se destinan a grupos familiares que tienen integrantes con discapacidad. Actualmente, la ley nacional a la que La Rioja está adherida, fijaba el 5 por ciento. Con esta ampliación del cupo, la Provincia apunta a garantizar la accesibilidad de las personas con discapacidad a mejores condiciones de habitabilidad. En la sala de Reuniones del Ministerio de Infraestructura, se llevó a cabo la firma del convenio mediante el cual se amplia el cupo del 5% fijado por ley nacional a la que la provincia se encontraba adherida llevándolo a un 7%. La rúbrica del convenio fue encabezada por los ministros de Infraestructura Néstor Bosetti y de Desarrollo Social Marcelo Del Moral. También estuvo presente el titular de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo Carlos Crovara; la subsecretaria de Desarrollo Humano y Familia, Alicia Torres y el titular de la Dirección General de Personas con Discapacidad, Marcos Vidable. Los Ministerios acordaron ampliar el cupo establecido por ley y llevarlo de un 5 por ciento al 7 por ciento por cada programa de viviendas, para los grupos familiares que tengan integrantes a personas con discapacidad. Entre los aspectos acordados en el marco del convenio, se destaca la elaboración y programación de un plan de cooperación e intercambio de experiencias que sirva para mejorar el abordaje social, educativo, técnico e institucional que se da a las personas con discapacidad en todo el proceso desde la inscripción hasta la entrega de las viviendas. El Ministerio de Desarrollo Social se compromete a receptar la demanda de grupos con personas con discapacidad, analizando las situaciones, asesorando y elevando la nómina y antecedentes a la APVyU a los fines de su inscripción o actualización de datos en el Registro Único de Postulantes de viviendas. A su vez, remitirá al organismo de vivienda, los informes periódicos sobre los inscriptos a fin de mantener actualizado el padrón para su incorporación en los planes habitacionales y la presentación de la documentación necesaria. También comprende el asesoramiento sobre el certificado de discapacidad, el cupo de vivienda, tipos de discapacidad, legislación vigente y otros temas relacionados a las necesidades habitacionales y un seguimiento posterior a la adjudicación de la vivienda. En tanto, el Ministerio de Infraestructura, a través de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, se compromete a brindar a las personas con discapacidad y sus grupos familiares, atención, asesoramiento conforme al tipo y grado de discapacidad teniendo en cuenta los informes que remita Desarrollo Social y los recabados por los equipos técnicos de Vivienda, dando prioridad a los casos de mayor urgencia socio habitacional. También realizará análisis cuantitativo y cualitativo conforme a las prioridades en materia de vivienda, a fin de cubrir el cupo preferente del 7 por ciento por programa habitacional. Asimismo, propenderá a facilitar los espacios físicos de áreas dependientes de Infraestructura para la realización de encuentros y capacitaciones para el intercambio de ideas, información y avances en materia de discapacidad y políticas habitacionales. El Ministerio de Infraestructura implementará las acciones acordadas en el marco del convenio a través de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo y Desarrollo Social lo hará mediante la Dirección General de Personas con Discapacidad. Cabe señalar que este convenio firmado entre ambas carteras ministeriales apunta a cumplir y superar el cupo establecido por ley nacional Nº 26.182, y que cuenta con la adhesión por legislación provincial Nº 7.204 de destinar el 5% de cada uno de los planes de viviendas para personas con discapacidad o grupos familiares en los que al menos uno de sus integrantes tenga discapacidad.
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