“EN LA RIOJA LAS POLÍTICAS DE DERECHOS HUMANOS SON IRREVERSIBLES”.

Así se pronunció el vicegobernador y candidato a la Gobernación Sergio Casas al encabezar junto al secretario de Promoción de Derechos Humanos de la Nación, Carlos Pisoni, el acto de reconocimiento a ex presos políticos y la firma de importantes convenios con municipios. Casas destacó los logros provinciales en materia de derechos humanos, consumados gracias a las políticas llevadas adelante por el Gobierno nacional. En la oportunidad. se entregaron pensiones y se rubricaron importantes convenios para agudizar las políticas de derechos humanos con municipios de la provincia. En primer lugar, Casas enumeró los logros obtenidos en materia de derechos humanos en la provincia, hizo hincapié en el juicio donde se condenó a los genocidas que llevaron a cabo el asesinato de Monseñor Enrique Angelelli y la señalización de los centros clandestinos de detención. “En La Rioja las políticas de derechos humanos son irreversibles”, expresó Casas al mismo tiempo que se comprometió a bregar para que estos derechos sigan siendo una política de Estado en nuestra provincia. Asimismo, el titular de la Cámara de Diputados destacó el trabajo comprometido que llevan adelante las diferentes agrupaciones, manifestó que los logros en materia de derechos humanos fueron posibles gracias a su esfuerzo y a las políticas llevadas a cabo primero por Néstor Kirchner y continuadas por la actual presidenta Cristina Fernández. En referencia a la entrega de pensiones para expresos políticos, el vicegobernador expresó que se trata de reconocer en la práctica a quienes lucharon por mantener viva la democracia en nuestro país. “Estas personas sufrieron torturas, vejaciones y violaciones de sus familiares y en carne propia, a pesar de todo el sufrimiento lucharon por ser promotores de Derechos Humanos y mantener viva la democracia”, expresó Casas. Por último, el vicegobernador condenó el hecho de que hayan sacado el cartel de señalización de un centro clandestino de detención que funcionó en el ex edificio de la Policía Federal. Casas explicó que como Estado no violarán los límites del derecho a la propiedad privada pero “hay una necesidad y un compromiso social de mantener viva la memoria, la verdad y la justicia”.