UPCN EN "ALERTA".

Delegados de la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) Regional La Rioja y empleados públicos nacionales, se expresaron “en estado de alerta”, a causa de un fallo judicial que declara inconstitucional a RENATEA, y que podría ocasionar la pérdida de trabajo de los agentes del organismo. Mediante un comunicado, UPCN La Rioja informó que se reunieron en una asamblea, junto a empleados públicos nacionales de distintos organismos y decidieron declararse en ‘estado de alerta’ “ante las medidas que comenzaron a llevarse a cabo, que podrían ocasionar la pérdida de fuentes de trabajo de los agentes”. En este sentido, señalaron que el principal motivo de la medida es la aceptación que realizó la Corte Suprema de Justicia de La Nación, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda, del recurso de queja presentado en el 2011 por Gerónimo “Momo” Venegas para declarar la inconstitucionalidad del RENATEA (Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios). Dicho fallo argumenta que la Corte “admitió un cuestionamiento a la ley que en 2011 les quitó a los trabajadores y empleadores rurales la administración del seguro por desempleo de ese sector”. El titular del organismo, Guillermo Martini, en diálogo con medios de comunicación nacionales, explicó que “apenas se creó RENATEA por ley, hubo un pedido de declaración de inconstitucionalidad por parte del RENATEA ante una jueza de primera instancia laboral, que decreta esa inconstitucionalidad” y agregó que “rápidamente apelamos y la Cámara de Segunda Instancia nos dio la razón, y en base a eso ejercimos la tarea en los últimos años”. Luego, contó que “el RENATEA fue a la Corte Suprema con un recurso de queja por el fallo de la Cámara, luego de tres años es tomado y hace consideraciones de tipo legal, que por cuestiones de forma y por no tener en cuenta, dicen algunos de los planteos que hace el Momo Venega, anula el fallo de la Cámara. Por lo tanto, queda vigente el decreto de inconstitucionalidad”, y manifestó que “también ordena que ese juicio vuelva a la Cámara que tiene que designar una nueva sala de juzgamiento para que dicte nueva sentencia, o sea, la Corte no lo declara inconstitucional, pero deja en vigencia el fallo de la jueza que no se puede aplicar porque nosotros apelamos”. Martini sostuvo que “la Corte sostiene que si hay un sindicato que defiende al trabajador, desde allí saldrá la defensa de sus derechos, algo que nunca sucedió porque vale destacar que el RENATEA ejercía sus funciones a través de cuatro sociedades anónimas y nunca descubrieron casos de violación de los derechos de los trabajadores, la trata de personas o trabajo infantil”. En relación al momento político en que se produce el fallo, afirmó que “es liberalismo puro, es una situación difícil de ser resuelta porque expresa una clara indicación sobre los derechos preexistentes de la patronal”, en desmedro de quienes están en situación de vulnerabilidad. Asimismo, comentó que “ganó la derecha en Argentina y esto implica un retroceso en términos de inclusión y derechos”. “Con un fallo como el que se piensa que va a salir, los trabajadores van a estar otra vez regulados por empleadores y un sindicato que votó a los empleadores, dejándolo desprotegido al sector laboral”, concluyó.En cuanto al fallo de la Corte, la delegada de RENATEA La Rioja, Ana Córdoba, consideró que “se pretende volver atrás en todos los avances que se hicieron estos años, donde a partir de una ley se crea el nuevo régimen de trabajo agrario, y se estatiza la regulación y fiscalización del trabajo por parte del Estado nacional, lo que se pretende con esto es volver a privatizarlo”, y señaló que “serán a los propios patrones y empleados donde los trabajadores tienen que hacer las denuncias y reclamos, y eso implica volver a la situación en la que estaban”.Asimismo, comentó que “desde la existencia de RENATEA se detectaron los altos índices de alfabetismo que hay en el sector rural, o la cantidad de menores que estaban trabajando”, y señaló que “en 12 años de RENATEA no se denunció ni un solo caso de trata laboral, y desde que el Estado tomó las riendas del control y fiscalización del trabajo rural, se detectaron casi mil casos, y 70 de trabajo infantil”. También, señaló que “ahora los recursos de los trabajadores rurales vuelven a la familia del empleado rural, y por ejemplo en La Rioja creamos cinco jardines maternales donde asisten 230 niños que antes, o se iban a la finca, o quedaban al cuidado de los hermanos mayores que también debían faltar a la escuela”. Finalmente, manifestó que “ojalá la Justicia actúe a favor de los más débiles y que pueda ver la realidad, que pueda ver todo lo que se hizo y que no logró hacer en su momento la administración privada del registro”.