miércoles, 16 de noviembre de 2016

CALDERÓN SALIÓ AL CRUCE DE LA DENUNCIA DE MARIJUÁN.

El rector de la Universidad Nacional de La Rioja se refirió a las denuncias realizadas por el fiscal federal Guillermo Marijuán en relación a la transferencia de fondos. En ese sentido, Fabián Calderón advirtió que hay una clara intención de cuestionar y de denigrar al sistema universitario de Argentina. Puntualizó que los fondos están rendidos en tiempo y forma. El rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón aclaró que “aún no se recibió notificación alguna” de la denuncia, y aseguró que sólo tiene conocimiento del tema por lo publicado en medios periodísticos. Asimismo, contó que el fiscal federal Marijuán en su denuncia haría referencia a los fondos recibidos durante el período 2014-2015; por tal motivo, explicó que en dicho ciclo se destinaron fondos para “gastos de funcionamiento, para programas de mejoras, como por ejemplo en las carreras de Ingeniería y en las que están en proceso de formación”. También, indicó que en ese tiempo se recibió “por primera vez, fondos para obras públicas”, las cuales se están ejecutando, “son dineros que recibimos en tres etapas, y para pasar las etapas tuvimos que rendir cuentas, por eso no sabemos cuáles son los fondos que están sospechados de malversación”. Además, comentó que desde la Secretaría de Políticas Universitarias “recibimos fondos que están en resoluciones que uno las pueda conocer porque son públicas, si uno accede a la página del Ministerio de Educación de la Nación puede ver las resoluciones que permanentemente, en un sistema transparente y ágil, van informando sobre los fondos”. Al mismo tiempo, aseguró que “sobre cada peso que ingresa a la universidad se debe rendir cuenta”, y destacó que “somos auditados por AGN (Auditoría General de la Nación Argentina) y la SIGEN (Sindicatura General de la Nación)”. “Ponemos a disposición del fiscal y de cualquier autoridad que quiera venir a nuestra universidad para auditar nuestros números; tenemos una página que presentamos hace poco, donde están transparentados todos los números, todos los fondos que recibimos por resolución”, destacó; y añadió que “tenemos el sistema Pilagá, que es por el que permanentemente y diariamente se pueden constatar los fondos que ingresan y cómo se emite un cheque y a quién se paga ese cheque, verificación que se puede realizar permanentemente en línea”. Calderón reiteró que “todos los fondos que llegaron están rendidos, en tiempo y forma”; y reveló que ya se instruyó al asesor legal de la casa de altos estudios y al secretario de Asuntos Económicos para poder tener acceso a la denuncia del fiscal federal.

CUESTIONAMIENTO AL SISTEMA

El rector consideró que “hay una clara intención de cuestionar y de denigrar el sistema universitario en la Argentina”, y manifestó que “es un ataque a todo el sistema que hoy se ve cuestionado por este supuesto desmanejo de fondos públicos. Nos parece que esta mirada que se está instalando desde hace tiempo, es una avanzada en contra del sistema universitario público”.En ese sentido, comentó que “venimos advirtiendo que hay líneas editoriales que cuestionan el funcionamiento de las universidades públicas, y ponen un manto de sospecha sobre el crecimiento de las mismas en estos últimos años”. Al mismo tiempo, comentó que “esto ya lo vivimos en otras épocas cuando se cuestionaba la prestación de servicios para luego justificar la privatización”. Asimismo, alertó que “es un tema preocupante, y claramente hay una mirada de atentado hacia el sistema universitario público argentino”.

INTENCIÓN POLÍTICA

Varios rectores denunciaron que hubo un “reparto discrecional de fondos” universitarios en el Presupuesto nacional (que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados), por lo que solicitaron que se modifique ese punto en el Senado. En ese contexto, consultado sobre si la denuncia del fiscal tiene vinculación al reclamo que están realizando, Calderón contestó que “no sé”; y aseguró que “eso también fue una vulneración. Que sólo 21 casas de altos estudios hayan sido beneficiadas con la planilla B, también cuestiona el funcionamiento de lo que es el CIN (Consejo Interuniversitario Nacional)”. Además, explicó que “la distribución de los fondos siempre se realizó en virtud de datos concretos, como la cantidad de alumnos, y no en base a definiciones políticas. Eso es lo que cuestionamos”, y resaltó que “todo esto viene en un momento donde pedimos que se respete la distribución presupuestaria como siempre se hizo”. Sobre la posibilidad que se logre una nueva distribución de los fondos en el Senado de la Nación, expresó que “tenemos grandes expectativas, estamos dialogando con los senadores de los distintos colores políticos”, y comentó que “varios rectores solicitamos la realización de un plenario extraordinario para el lunes 21, para que podamos expedirnos sobre esa distribución arbitraria, y sobre la presentación del fiscal federal”.

“MALVERSACIÓN DE CAUDALES PÚBLICO”

El fiscal federal Guillermo Marijuán denunció a 52 universidades nacionales (de las 56 que posee el país) para que se investiguen fondos transferidos a las mismas. “Todos y cada uno de los pesos recibidos deben ser verificados y acreditados en cuanto a que hayan tenido un destino legal y lícito”, se determinó en la denuncia. Cabe señalar que entre el 2014 y 2015 se habrían distribuido 747 millones de pesos. Según informaron medios de comunicación nacionales, Marijuán presentó las denuncias por separado y distintos jueces fueron sorteados para analizar los casos. Se trata de las universidades de La Rioja y Chilecito, pero también la de Buenos Aires, Catamarca, del Centro de la Provincia de Buenos Aires, del Comahue, de Córdoba, de Cuyo, de Entre Ríos, de Formosa, de General San Martín, de General Sarmiento, de Jujuy, de La Matanza, de La Pampa, de La Plata, del Litoral, de Lomas de Zamora, de Luján, de Mar del Plata, de Misiones, del Nordeste, de la Patagonia San Juan Bosco, de Quilmes, de Río Cuarto, de Rosario, de Salta, de San Juan, de San Luis, de Santiago del Estero, del Sur, Tecnológica Nacional, de Tucumán, de Lanús, de Tres de Febrero, de Villa María, Patagónica Austral, de las Artes, del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, de Río Negro, del Chaco Austral, de Villa Mercedes, de Avellaneda, Del Oeste, de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur; de Moreno, Arturo Jauretche, de José C. Paz, de Comechingones, de Hurlingham, del Alto Uruguay y de Rafaela. Cada juez deberá determinar quiénes fueron las autoridades de los empleados que tuvieron roles preponderantes en el manejo de los fondos públicos recibidos.
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