miércoles, 16 de noviembre de 2016

MARTILLEROS Y CORREDORES ADVIERTEN SOBRE ILEGALIDAD DE UN PROYECTO DE LEY.

Los profesionales cuestionaron el proyecto, con estado parlamentario, que otorga a la Cámara Inmobiliaria poderes que contrarían a la Ley Nacional que rige el sector. Piden que se revea la situación. Desde el sector solicitan se cree un Consejo para el control de las empresas privadas. La diputada Lucía Avila explicó que “desde el Bloque Nuestra Tierra estamos acompañando el reclamo de los profesionales martilleros y corredores públicos”. Informó que “la Comisión de Leyes Generales de la Legislatura, que preside Cristina Saúl, se comprometió a hacer una especie de consenso con todos los profesionales para realizar un proyecto donde se forme el Consejo de Martilleros y Corredores Públicos. Pero en la última sesión se presentó un proyecto que busca darle un poder extraordinario y por fuera de ley a la Cámara Inmobiliaria”. Sobre las facultades que le otorga el proyecto de ley presentado por el Bloque Justicialista la diputada afirmó que “podrán emitir matrículas y no son profesionales. Además están en el circuito de los negocios por lo tanto está por fuera de la ley y en contra de la formación académica”. Asimismo Avila advirtió que “lo que pierde la ciudadanía, es una garantía de quien responde ante una operación indebida y por fuera de la ley”. Por su parte, Fernanda Barbosa, martillera pública y corredora inmobiliaria informó que “estamos bregando por la creación de nuestro consejo profesional, que va a tener el gobierno de la matrícula, el respaldo gremial y la responsabilidad de bregar por los derechos de todos los profesionales. También tendrá un tribunal de ética y disciplina, para que en caso de cualquier mala praxis”. Sumó que “estamos respaldados por una ley nacional 20.266 y 25.018, que regula la actividad del martillero y corredor público, del año 2000 que estable que para poder ser martillero y corredor tiene que tener un título profesional otorgado por una universidad. La Cámara inmobiliaria no cumple con este requisito, la mayoría de sus miembros son personas idóneas, comerciantes, pero que no tienen una formación profesional, por lo tanto el proyecto de ley de corredores públicos, es creado por personas no profesionales y estable que quienes hayan ejercido por cinco años el servicio inmobiliario se les otorgará matrícula profesional”. Por su parte, Francisco Galarrete, martillero público comentó que “el colegio debe estar conformado por colegiados y profesionales. Además la Cámara Inmobiliaria no puede ser colegio porque este segundo es un agente de control de la primera, es decir actúa con poder de policía. Si son Cámara y Colegio, quién nos garantiza el control”. “Nosotros hemos presentado nuestro proyecto de ley, en el cual el marco es federal democrático y participativo y no cercena las matrículas y los derechos del trabajador”, concluyó. Cabe destacar que los dos proyectos tanto el de la Cámara Inmobiliaria como el de los martilleros y corredores inmobiliarios tienen estado parlamentario pero responden a intereses opuestos.
Publicar un comentario