La CTA La Rioja emitió un comunicado de prensa en donde expresan una enérgica crítica por los reiterados cortes de luz y reclama la estatización del servicio de energía. “Desde la CTA - La Rioja instamos a la población que exija a la empresa que suministra el servicio, el pago por las pérdidas en el caso de comercios y actividades productivas; un resarcimiento económico por todos los artefactos y líneas afectados o destruidos por los cortes de energía, y afecciones en la salud”, expresa el escrito. Además promueven la necesidad de la inmediata eliminación de las políticas privatizadoras a través de instancias de Paritaria Social. “Asimismo sostenemos que las empresas de energía deben volver a ser patrimonio del estado y que deben ser administradas colectivamente, por representantes del estado, lo/as trabajadores y lo/as usuario/as, puesto que constituye un principio para priorizar el bienestar del pueblo por encima de interés mezquino de las ganancias”, expresaron. “Como habitantes de este suelo, como ciudadanos, como madres, padres, como vecinos, como laburantes no podemos menos que indignarnos por estos cortes de luz, que demuestran, una vez mas, que somos rehenes de empresas que operan sin escrúpulos a la hora de afectar a sus consumidores, aunque sean quienes les proveen de sus fastuosas ganancias”, criticaron. “La Argentina creció en base a un modelo energético estatal y centralizado donde se hacía una aplicación racional de la renta petrolera, destinada a generar energía de fuentes renovables en base a la surgida por los hidrocarburos, que son no renovables, estratégicos y escasos. Era la Nación quien decidía las políticas, sin ingerencia de los intereses de las empresas multinacionales”, expresaron. “Con altibajos, se llegó a 1990 con el autoabastecimiento petrolero, el 60 por ciento de la población con acceso a las redes de gas natural o a sus bienes sustitutos a precios populares, varias represas en construcción y reservas de gas y petróleo que alcanzaban a los 40 y 20 años. La liquidación de este modelo a través de políticas desreguladoras y privatizadoras consistió en la venta a precio de liquidación de los activos de las sociedades estatales, el abandono de la función planificadora y controladora del Estado y la generación de multimillonarias ganancias en dólares, todo agravado por la desinversión”, expresaron. Finalmente opinaron “la destrucción de la integración vertical del sistema eléctrico debe ser calificada de dislate. No hay solución posible si no se incorpora anualmente una potencia diaria de 3.000 megavatios hasta constituir una reserva adecuada de la que hoy carecemos”.
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