DEBATE POR LOS EFECTOS DE LA MINERÍA, SIN APOYO OFICIALISTA, AVANZA EL PROYECTO DE LEY DE GLACIARES.

El oficialismo fracasó ayer en su intento de postergar el tratamiento del proyecto de ley de protección de glaciares en la Cámara de Diputados. Tras un acalorado debate, la oposición impuso su mayoría y se disponía a aprobar, al cierre de esta edición, el texto del acuerdo al que anteayer arribaron el diputado Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y el senador oficialista Daniel Filmus. El bloque de diputados kirchneristas, presidido por Agustín Rossi, decidió a último momento solicitar un compás de espera de 15 días y no avalar ese acuerdo, pese a que el propio Filmus, que pertenece al riñón del oficialismo, fue quien redactó el texto consensuado con Bonasso. La actitud del oficialismo mereció una catarata de críticas de la oposición, que acusó al gobierno nacional -que vetó la ley de protección de glaciares en 2008- y al gobierno de San Juan de actuar en connivencia con la empresa minera canadiense Barrick Gold, a cargo del emprendimiento binacional Pascua Lama, en esa provincia. "Es evidente el lobby de la Barrick -asestó Elisa Carrió (Coalición Cívica)-. Es muy claro que quienes empezaron a hacer esta movida (dilatar el debate por 15 días) son todos diputados del PJ de San Juan.". La respuesta no tardó en llegar. Indignado, el diputado Juan Carlos Gioja (hermano del gobernador de San Juan) acusó a la oposición de actuar con "virulencia, violencia, grosería, liviandad y soberbia" y de "hablar estupideces". El legislador defendió la actividad minera en su provincia e indicó que allí se no consume "un gramo de agua", sino que se "usa, se clarifica y vuelve al río". Su par Héctor Tomas, también diputado oficialista por San Juan, despotricó: "No soy socio de ninguna empresa. Los recursos naturales son propiedad de las provincias, les guste o no les guste". Bonasso, presidente de la Comisión de Recursos Naturales, retrucó estos discursos. "Vamos a defender nuestra soberanía, les guste o no", insistió y enfatizó los términos de la denuncia judicial que realizó ante la Justicia, junto con la Coalición Cívica. En esa denuncia acusó al secretario de Minería, Jorge Mayoral, de tener acciones en una minera -Millstone- que declaró el mismo domicilio porteño que la empresa canadiense. "Si tiene cola, melena, patas y garras de león, puede ser una leona, pero no una lagartija", ironizó. También la diputada Fernanda Reyes (Coalición Cívica) machacó sobre este punto. "Es sugestivo que, tras el veto presidencial, a los pocos meses el Gobierno cerró el emprendimiento de Pascua Lama con la empresa Barrick Gold", enfatizó. Todo indicaba que la oposición iba a imponer su mayoría para darle media sanción al proyecto y girarlo al Senado. La propuesta contaba con el apoyo no sólo del grueso de la oposición, sino también de bloques aliados al oficialismo, entre ellos el de Nuevo Encuentro, que lidera Martín Sabbatella. Algunos opositores oriundos de provincias cordilleranas -como los catamarqueños del Frente Cívico o el salteño Marcelo López Arias, del PJ Federal- no estaban de acuerdo con la propuesta por considerarla demasiado restrictiva. La iniciativa dispone presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglaciar, considerándolos "reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura y como proveedores de agua". La disputa entre Bonasso y Filmus se basaba en la definición del área periglaciar. Bonasso acusaba al senador de no precisar de manera clara en su proyecto la preservación de esa zona, lo que podía habilitar la instalación de actividades mineras e industriales dañinas para el medio ambiente. Se definió que el área comprenderá no sólo la alta montaña, sino también la media y la baja montaña.

Laura Serra.LA NACION