La obra pública, uno de los pilares del modelo económico del Gobierno, sufrió un freno en su ejecución en los primeros meses de este año. El problema, del que dan cuenta gobernadores, intendentes, legisladores, fuentes gremiales y empresarias, se enmarca en un contexto de creciente rojo fiscal en la mayoría de las provincias, que ven disminuir notoriamente el flujo de fondos de la Nación. La caída del 8% en la coparticipación durante la primera quincena de este mes -unos 450 millones de pesos, según la consultora Economía y Regiones-, sumada a la merma en la transferencia no automática de recursos, repercutió en las arcas fiscales de las provincias, muchas de las cuales se vieron obligadas a emitir bonos o contraer deuda para afrontar gastos corrientes. La obra pública es una de las víctimas de esta contracción: si bien no se puede hablar de una parálisis global, sí se evidenció un menor ritmo en su ejecución, confirmaron al diario La Nación las fuentes consultadas. Las constructoras, aun aquellas favoritas del Gobierno, afrontan serias dificultades para cobrar las obras a su cargo, relataron al diario La Nación fuentes del sector. "Tienen muchos problemas para el pago de los certificados de las obras -confirmó Rodolfo Alonso, de la Confederación de Pymes Constructoras-. Se frenó la ejecución por la disminución de los fondos que asigna la Nación. En Buenos Aires hay algunas licitaciones para nuevas obras, pero en el interior ya ni eso." ¿Qué consecuencia genera en la economía este freno en la obra pública? "La primera consecuencia es la ruptura de la cadena de pagos: las provincias, por falta de fondos, retacean los pagos a los proveedores y esto afecta al resto de la economía, aunque la obra avance a menor ritmo -respondió al diario La Nación el diputado y economista Alfonso Prat-Gay, de la Coalición Cívica (CC)-. Si la obra se paraliza, el efecto directo es una menor cantidad de mano de obra." En la Unión Obrera de la Construcción (Uocra) observan el panorama con preocupación, pero sin dramatismo por ahora. "No hay despidos masivos, pero sí protestas puntuales en algunas provincias", admiten fuentes gremiales en estricta reserva. En Santa Fe, por caso, la Uocra local advirtió que en Rosario y en sus alrededores se perdieron unos 6000 puestos de trabajo de la construcción en los últimos 20 meses debido a la "parálisis en la obra pública". El gobernador socialista Antonio Bonfatti reconoció las dificultades y sostuvo que, si bien la ejecución de obras públicas en Santa Fe será "más lenta" este año, "no se paralizarán" los trabajos iniciados. En Córdoba, la Uocra denunció la pérdida de unos 3000 puestos de trabajo desde diciembre. Según pudo saber el diario La Nación de fuentes oficiales, el gobierno nacional retacea el envío de fondos, lo que frenó el avance de obras viales estratégicas. "La Dirección de Vialidad nos adeuda 300 millones de pesos; las obras estarían paradas de no ser porque la provincia afronta los pagos", se lamentó un funcionario. En Buenos Aires, la situación no es mejor ya que la construcción o reparación de varias rutas está frenada. La más emblemática es la ruta 6, que une el puerto de Campana con La Plata. "Está parada pese a que se aprobó un empréstito de 1200 millones de pesos para su construcción", indicó el diputado provincial Juan Carlos Juárez (GEN). Su par de la CC Walter Martello denunció el escaso avance en la construcción de los siete hospitales de Bicentenario enclavados en distintos municipios bonaerenses que anunció la presidenta Cristina Kirchner hace cuatro años.Las rutas nacionales concesionadas también afrontan problemas. "Según información de las concesionarias, el Gobierno les adeuda pagos por 700 millones de pesos desde agosto pasado", advirtió el diputado nacional Alfredo Atanasof (Frente Peronista) en un pedido de informes."Es inconcebible que el Gobierno, en vez de cortar el despilfarro, desfinancie a las provincias y paralice obras", acusó el diputado Jorge Chemes (UCR), preocupado por la situación en su provincia, Entre Ríos.La situación se repite en distintos rincones del país y los gobernadores, abrumados, se ven obligados a peregrinar a la Capital para mendigar fondos a la Casa Rosada; algunos de ellos, como el mendocino Francisco Pérez y el salteño Juan Manuel Urtubey, optaron por contraer deuda. "En Mendoza se gestionó endeudamiento 1500 millones de pesos para terminar las obras públicas en ejecución", subrayó el diputado Enrique Vaquier. El gobernador de Tucumán, José Alperovich, de indudable fe kirchnerista, fue uno de los pocos que se atrevieron a hacer pública la difícil situación de las provincias y admitió que en su provincia la coparticipación le llegó el mes pasado con $ 30 millones menos. "Este mes viene flojo. Muchas provincias están con problemas para pagar sueldos", admitió el mandatario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario