Entre la noche del martes y la madrugada de ayer, se produjeron allanamientos en la Municipalidad de Famatina, en busca de documentación que determine si existe relación entre el ex juez de Paz del lugar, Hugo Argüello, con una firma comercial y funcionarios comunales.Famatina amaneció ayer convulsionada por un hecho judicial muy grave. Entre las 22:00 del martes y las 5 de la mañana de ayer, se realizó el allanamiento de la municipalidad en busca de documentación que pudiera relacionar al ex juez de Paz departamental, Hugo Argüello, con una ferretería local y además, si es que ésta era proveedora del Estado.Cabe recordar que ambas cuestiones son ilegales. Un juez de Paz no puede ser propietario de una firma comercial y menos venderle al Estado.El caso nace por una denuncia de un ex empleado del negocio, Dante Casas, quien hace un par de años fue despedido y nunca recibió la indemnización.La investigación pertinente de todo esto, desembocó en la aparición de otras irregularidades, entre las que se establece que se empleaba la figura de Casas como responsable directo del comercio, debido a que el propietario cumplía el rol de magistrado.Se encontró documentación con firmas de Casas en operaciones comerciales, al parecer algunas de ellas con la municipalidad famatinense, y que el mismo Casas asegura que no es su firma la que aparece, sino que son falsificaciones.El fiscal Diego Torres Pagnussat detalló que la fiscalía donde se desempeña recibió la denuncia contra Hugo Felipe Argüello, quien se desempeñaba en el Poder Judicial bajo la figura de juez de Paz Lego y es vinculado con “cierta operatoria bancaria y comercial dentro de la cuales también tuvo cierta participación el Municipio de Famatina”.Casas, en primera instancia, se presentó a realizar la denuncia con el patrocinio letrado del doctor Azulay y luego lo hizo con el patrocinio de los abogados Guillermo Galván y Astorga, donde “se hace una ampliación de la denuncia aportando nuevos elementos probatorios, pidiendo nuevas diligencias y el secuestro de documentación”, agregó.Ante esta solicitud, la Fiscalía extiende el pedido a la jueza de Instrucción de turno, Marta Magaquián, explicó el fiscal Torres. De inmediato se procedió al allanamiento y secuestro de documentación en la Municipalidad de Famatina, “con resultados positivos, pero estamos aguardando que se remita al Juzgado la documentación secuestrada”, informó.El fiscal detalló que la denuncia consiste en acciones administrativas de compra de materiales de construcción adquiridos por el municipio a una ferretería a nombre del denunciante con el consentimiento de Argüello, ex juez de Paz Lego, “por lo tanto esta investigación puede ser ampliada e investigar el origen de los fondos con los que se habrían adquirido estos materiales de construcción, así como el destino”, manifestó.A la vez, dijo que la ampliación de la causa “puede abarcar incluso a funcionarios municipales y funcionarios judiciales”.Asimismo, dio a conocer que “con esta ampliación de denuncia y aporte de elementos probatorios se están consiguiendo nuevos elementos para que en una segunda instancia se haga una presentación judicial de los delitos que se les puedan atribuir a las personas denunciadas”.Torres agregó que se librarán pedidos de secuestro de documentación en la sucursal del Banco Nación, la Municipalidad y el Juzgado de Paz Lego ubicados en Famatina.Ante esto, adelantó que “tenemos conocimiento que en el Banco Nación ya se ha entregado documentación por parte del gerente de la entidad bancaria y por parte del Municipio el jefe de la Comisaría de Famatina está remitiendo a la jueza Magaquián la documentación secuestrada”.Por otra parte, agregó que “se aguarda que en el Juzgado de Paz Lego se entregue la información que hoy estaban recabando y se estaría remitiendo el día de mañana (hoy jueves) al Juzgado donde interviene la doctora Magaquián”.“Una vez que esté toda la documentación recolectada se van a girar las actuaciones nuevamente a esta Fiscalía para el encuadre legal pertinente y, en caso de estimar que se habrían cometido ciertos delitos, actuar en consecuencia”, completó.Galván confirmó que “en muchas operaciones financieras comerciales, mi cliente no firmaba. O sea, Dante Casas a tenido un perjuicio muy grande patrimonialmente”.Explicó que “buscamos que primero se determine la responsabilidad penal, de la o las personas involucradas, y después como medida central, el resarcimiento económico civil a nuestro cliente. Es un perjuicio que yo le diría que le corresponde una suma altísima”, y agregó que la demanda podría ser de “dos millones de pesos”.Finalmente dijo que “esto es solo por mi cliente, después puede ser que haya otras personas o instituciones perjudicadas en todo esto”.
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